Amparo frena destino de recursos que se usarían para la reconstrucción de Acapulco
La decisión del Poder Judicial de México de extinguir 13 fideicomisos ha desencadenado un enfrentamiento entre el Gobierno y los magistrados del país. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha buscado aprovechar los fondos liberados por el Congreso de la Unión, pero una reciente suspensión judicial ha interrumpido sus planes. En el centro de esta disputa se encuentra una juez de distrito y la suma de 15 mil 800 millones de pesos destinados originalmente para los extintos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
La jueza Elizabeth Trejo Galán, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, ha otorgado una suspensión provisional que impide que el Gobierno haga uso de estos fondos. Esta decisión temporal detiene momentáneamente el intento del presidente de canalizar estos recursos hacia los trabajos de reconstrucción de Acapulco, devastado por el huracán Otis.
La juzgadoraTrejo Galán argumenta que permitir la disposición de estos recursos podría causar un daño de difícil reparación. Asimismo, señala que la suspensión otorgada no afecta el interés público, ya que no se ha definido explícitamente el propósito para el cual se utilizaría el dinero. Esta medida ha sido solicitada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes temen por la seguridad de su fideicomiso que garantiza sus pensiones complementarias.
La carta de la ministra Piña
Cabe destacar que, previamente, el Poder Judicial había acordado entregar estos fondos al Gobierno. En una carta enviada por Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, a López Obrador, la presidenta aceptó la propuesta del mandatario para utilizar los recursos en la ayuda a las personas damnificadas por el huracán en Acapulco. La misiva mencionaba la espera de una definición sobre cómo llevar a cabo este plan.
La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial ha generado confrontaciones entre los magistrados y el presidente López Obrador, quien previamente había acusado a los jueces de vivir rodeados de privilegios y de utilizar “dinero del pueblo” en nimiedades. La presidenta de la Corte había aceptado la propuesta del presidente para ayudar a las personas damnificadas, pero la suspensión otorgada por la juez ha complicado los planes.
Dinero no se podrán usar para la reconstrucción
Esta suspensión plantea desafíos significativos con respecto al destino de estos fondos, particularmente su uso en la reconstrucción de Acapulco, que era uno de los objetivos originales. Además, agrega incertidumbre al futuro de estos recursos y las posibles negociaciones entre el Poder Judicial y el Gobierno en un contexto donde se acentúan las tensiones entre las dos partes. La controversia se mantiene abierta y se espera que se resuelva en el ámbito judicial.
