La nueva factura electrónica ha causado pérdidas de dinero y tiempo a trabajadores y empresas. Pero no solo eso, sino que el SAT ha aprovechado el trámite de la constancia fiscal para cobrar a los contribuyentes deudas de ejercicios pasados.
Miles de empresas y empleados que buscan cumplir con los requisitos necesarios para usar la versión 4.0 de la factura electrónica han denunciado problemas como el alto costo por el tiempo perdido en las filas, un aumento de ausentismo laboral y el “coyotaje” para obtener la constancia de situación fiscal solicitada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ante esta situación, el SAT informó ayer que dará una prórroga para realizar el trámite hasta el 1 de enero de 2023, por lo que ya no será obligatorio tener esta constancia para el próximo 1 de julio. La autoridad se vio obligada a dar este plazo por la alta demanda de constancias fiscales, ya que los contribuyentes tuvieron que hacer largas filas afuera de las oficinas del órgano fiscal.
Además de las largas filas y la exposición a los “coyotes” y la corrupción, los trabajadores que han realizado su trámite para obtener la constancia de situación fiscal han denunciado que el SAT les reclamó pagos y multas de ejercicios fiscales anteriores. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, el órgano fiscal no puede condicionar su entrega por esta causa.
A pesar del reclamo de las autoridades fiscales por los adeudos generados al omitir pago de impuestos por ingresos que no fueron reportados hace muchos años o no realizar alguna declaración anual, muchos trabajadores actualmente no tienen forma de comprobar actualmente si se realizaron los pagos. Sin embargo, pueden recibir su constancia, aunque el SAT haga posteriormente el cobro de su deuda. Cabe señalar que los adeudos fiscales tienen caducidad de cinco años, la cual puede llegar hasta los 10 años a partir de la fecha en que no se pagó el impuesto.
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