Cerca del 30% de la nómina federal será recortada, además de aplicar una política de recortes de salarios y prestaciones “excesivas”.
La meta de reducción es de 30%
Bajo la política de austeridad republicana, Andrés Manuel López Obrador inauguró su gobierno con la promesa de eficientar la administración pública federal mediante recorte de salarios, prestaciones y eliminación de direcciones, subsecretarías y áreas de asesoría para obtener mayores ahorros.
En este línea, en enero de este año anunció una reforma a la administración pública que plantea el reacomodo de órganos autónomos y “adelgazar” más el gobierno.
El primer borrador muestra cómo el líder de la 4T pretende reducir la nómina federal en alrededor de 8 mil 500 plazas, entre administrativos, direcciones y jefaturas, puestos técnicos y rangos menores. Esto representaría un ahorro de 3 mil 200 millones de pesos al año de acuerdo a estimaciones realizadas con datos del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai). Este documento plantea el 0.53 % de la AP, pero se espera que llegue al 30%.
Esta propuesta se ha aplicado en situaciones donde sólo se ha requerido la publicación de un decreto. Aunado a ello el presidente pidió a su gabinete y colaboradores continuar amplificando la reducción para que estas lleguen a ser funcionales y sin duplicidad de tareas.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por Eje Central, el adelgazamiento incluye secretarías y dependencias del del gobierno federal, fideicomisos vigentes, no así con los órganos autónomos o empresas productivas del estado. Por ejemplo, en cuanto a la reconfiguración de Pemex o CFE se hará de manera separada. Mientras que el INE, IFT o Inai se trabajará en un documento por separado.
La Secretaría de Gobernación coordinará estas acciones, sin embargo, la mayoría de las áreas desconocen los próximos movimientos porque aún se está definiendo la estrategia que seguirán las secretarías de Estado.
“Nos enfrentaremos a sindicatos, antigüedad de funcionario y muchas posibles trabas legales que primero debemos resolver, porque el presidente ha dicho que se deben garantizar los derechos laborales, pero no permitir abusos.”
Funcionario consultado por Eje Central
PEF 2022 con incremento a la nómina
La austeridad sobre el particular resulta relativa teniendo en cuenta que para el presupuesto 2021 el gobierno planeó gastar 6.2 billones de pesos y para 2022 propuso un incremento que suma 7.2 billones de pesos, es decir, 14.52% más (8.9% en términos reales) descontando la tasa de inflación, para un millón 600 mil empleados en la AP Federal y más de 5 millones en estados, alcaldías y municipios del país.
Si se considera que en el PEF se proyectó una contratación de personal en rubros de Salud y Defensa, este plan no representa en realidad un ahorro, sino una reasignación hacia estos rubros. De 42 mil 622 nuevos empleos, 16 mil 23 serán para Salud, 7 mil 474 para el IMSS y 6 mil 442 al ISSSTE. Para Sedena 15 mil 190 y a Marina, 3 mil 935 nuevos empleados.
La planificación contiene tres niveles de trabajo: el primero, aquellos que pueden desaparecer o fusionarse con solo un decreto; el segundo, a través de la modificación de un reglamento; y en tercer lugar, modificación de una o varias leyes. En el caso donde solo se requiere de una publicación en el Diario Oficial de la Federación, el proceso ha iniciado, lento pero avanzando.
65 son los organismos, órganos o fideicomisos que desaparecerán o pasarán a otras dependencias. 17 oficinas serán eliminadas, entre las que se encuentran al Instituto Nacional para el Desarrollo Rural, El Fideicomiso de Riesgo Compartido, el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, el Grupo Aeroportuario de la CDMX, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Fideicomiso de Fomento Minero, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitantes, el Instituto de Competitividad Turística, Fonatur Solar, Fonatur Tren maya y Fonatur Construcción.
Las que está en proceso de extinción son: la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollos de Mercados Agropecuarios, ProMéxico; el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el Consejo de Promoción Turística de México y la Policía Federal. La Administración Portuaria Integral sufrirá de un recorte por 300 millones de pesos anuales que no se ejercerán para 2022, sus funciones pasarán a ser parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, bajo las operaciones de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Los riesgos
Las actividades de 34 oficinas que serán transferidas a otras dependencias versan sobre temas sensibles y estratégicos como migración, desarrollo, infancias y mujeres. Mismas que han externado la necesidad de contar con un presupuesto mayor para atender problemáticas específicas.
Lo que se sabe hast ahora es que Conapo pasará al Inegi, la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados será absorbida por el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA) se transferirá a DIF, de esta última la propuesta de ley se presentará al Congreso el próximo año.
La Cancillería integrará a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El Instituto Nacional de las Mujeres recibirá a la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para después adherirse a la Secretaría de Gobernación.
La Procuraduría de Defensa del Contribuyente será parte de Condusef y el Inapam, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Instituto Nacional de Desarrollo social serán absorbidas por la Secretaría de Bienestar.
“Gobernación deberá garantizar que las tareas y obligaciones del Estado no se debiliten porque el existe el riesgo de dejar vacíos, por eso se está haciendo con cuidado, pero el riesgo existe.”
Con información de Eje Central.
