La Administración Pública Federal está conformada por más de 260 instituciones que realizan compras públicas que representan, en promedio, 300 mil millones de pesos gastados en 150 mil contratos al año.
Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), una herramienta para identificar los riesgos en cada una de las compras públicas con base en información oficial.
Entre los principales hallazgos de esta investigación se encontró que las compras públicas sin competencia prevalecen en instituciones como Semar y API Salina Cruz
La Secretaría de Marina asignó 96% del monto a procesos de excepción, mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (24%).
Por otra parte, la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz es la institución más riesgosa en la clasificación del monto muy alto (+3 mil millones de pesos) por la falta de competencia. En 2020, gastó 4 mil millones de pesos, de los cuales 99% fue adjudicado directamente.
Algunas instituciones incumplen con la publicación de los documentos de cada compra. 24% de las compras del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con un hipervínculo a Compranet. A su vez, 66% de las adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional no tienen el documento del contrato publicado.
Entre 2018 y 2020, 66% de las instituciones de salud empeoraron en el IRC, sobre todo en el cumplimiento de la ley. Entre ellas se encuentran el Instituto Nacional de Cancerología y Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex)
Las compras públicas de instituciones del sector educación son publicadas de manera tardía. 85% de las compras de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato.
Asimismo, no fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) porque desde 2015 las contrataciones realizadas por Pemex y CFE no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Esta excepción incluye el registro y publicación de contrataciones en Compranet.
