Los intereses del rescate bancario que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y que se socializaron en 1998 rebasan 1.4 billones de pesos. Para 2022, el presupuesto asignado por el gobierno federal para la deuda tendrá que ser similar o mayor al de la Secretaría de Marina, de Energía o de Medio ambiente, esto, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A julio de 2021, el saldo de los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), antes Fobaproa, sumaron 975 mil 892 millones de pesos, a ellos se añaden 45 mil 579 millones de pesos por el programa de apoyo a deudores.
De manera simultánea, los pagos por intereses y comisiones han sido de 764 mil 112 millones de pesos desde diciembre de 1995, recursos que al actualizarse al valor de julio de 2021 ascienden a un billón 499 mil 895 millones de pesos, 47 por ciento más que el saldo de los pasivos acumulados a la misma fecha.
Debido a los vencimientos de deuda, para el próximo año las finanzas públicas deben entregar 38 mil 683 millones de pesos más para el pago de intereses y comisiones del rescate bancario.
Al ser esta una deuda pública, los trabajadores y contribuyentes menores de 30 años deben pagar el saldo del rescate bancario que se socializó en diciembre de 1998 luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo respaldaran.
El Fobaproa fue creado en 1990 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después, en 1994 llega la crisis económica más grave de la historia moderna de México, se disparan las tasas de interés y el tipo de cambio y la mayoría de los créditos se vuelven impagables.
Esto puso en riesgo la liquidez de los bancos y es cuando el presidente de ese entonces, Ernesto Zedillo, decidió activar este fondo en 1995. Esta es la forma en la que el gobierno mexicano terminó comprando la deuda de los bancos por 552 mil millones de pesos.
Después del Fobaproa se creó IPAB, que es el que ha estado manejando la deuda desde 1998. Desde entonces, la deuda ya no se paga solamente con impuestos, sino también con la recuperación de activos de este instituto y con aportaciones de los bancos que sobrevivieron esta crisis y los nuevos que se han establecido.
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