Tras la demanda que interpuso el gobierno mexicano contra fabricantes de armas de Estados Unidos, un juez aceptó que las empresas se unan y presenten en bloque su respuesta.
Las empresas armamentistas que fueron demandadas por el gobierno mexicano podrán presentar en conjunto sus respuestas y pruebas a esta demanda civil con la que se pretende que compensen a México por los daños ocasionados por sus armas en nuestro país. El juez de Massachusetts, F. Dennis Saylor, aceptó el pasado 17 de septiembre la petición de los abogados para que los demandados puedan actuar en bloque. De acuerdo con el documento de la corte civil del estado, “los demandados notificados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte”.
De esta manera, Smith & Wesson Brands, Inc., Barrett Firearms Manufacturing, Inc., Beretta U.S.A. Corp., Colt’s Manufacturing Company LLC, Glock, Inc., Sturm, Ruger & Co., Inc., Century International Arms, Inc., and Witmer Public Safety Group, Inc. actuarán en conjunto y podrán presentar sus primeros argumentos a más tardar el próximo 22 de noviembre. Asimismo, hasta el momento, estos fabricantes de armamento ya se han ido presentado ante un juez federal estadounidense para proporcionar información necesaria para iniciar el proceso judicial, como datos relativos a sus filiales, sus operaciones en la bolsa, así como los nombres de quienes serán sus abogados defensores.
La demanda que el gobierno de México interpuso contra las principales compañías que fabrican armas en los Estados Unidos tiene como objetivo poner fin al daño que han ocasionado en el territorio nacional, pues a lo largo de los años han facilitado el tráfico ilícito de los armamentos que fabrican para que lleguen a los cárteles de la droga y el crimen organizado de nuestro país. “Casi todas las armas recuperadas en la escena del crimen en México, del 70 al 90 por ciento de ellas, fueron objeto de tráfico de los Estados Unidos”, se argumenta.
México podrá responder a más tardar el 31 de enero del año 2022 a los argumentos que presenten en conjunto las empresas armamentistas. Y estas últimas podrán revirar y presentar otra respuesta en bloque al gobierno mexicano el 28 de febrero del próximo año.
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Con información de Milenio
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