En un revelador informe titulado “Impunidad en delitos de desaparición en México,” el colectivo “Impunidad Cero” ha destapado la alarmante situación de impunidad que permea el sistema judicial mexicano, especialmente en el preocupante incremento de los delitos relacionados con la desaparición de personas.
El informe presenta datos impactantes, entre ellos, un nivel de impunidad del 99% para los delitos de desaparición de personas en México. La cifra récord de 9,068 personas desaparecidas y no localizadas en 2022, registrada por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), evidencia una crisis humanitaria en aumento. El 74% de estos casos corresponde a hombres y el 26% a mujeres.
Entre 2019 y 2022, se reportaron 35,669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo emitieron 141 sentencias condenatorias por desaparición forzada y cometida por particulares. Esto revela una falta de proporción entre los casos reportados y los esclarecidos. Destaca que durante ese periodo, siete estados, incluyendo la Ciudad de México, registraron un 100% de impunidad al no reportar ninguna sentencia condenatoria.
El informe resalta la falta de identificación de hallazgos como otro grave problema. En 2022, el 37.5% de los cadáveres y/o restos humanos recibidos por la Fiscalía General de la República (FGR) o unidades estatales no fueron identificados. Estados como Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Sonora lideran en casos no identificados.
Además de señalar las problemáticas, el informe presenta recomendaciones cruciales para abordar la crisis. Entre estas, se destaca la necesidad de fortalecer la colaboración institucional, establecer fiscalías especializadas operadas por profesionales capacitados, estandarizar protocolos de investigación y la implementación de tecnologías forenses avanzadas.
“Impunidad Cero” no solo identifica los problemas, sino que hace un llamado a la acción. El informe destaca la urgencia de medidas concretas para mejorar las diligencias, la atención a las víctimas y el fortalecimiento del sistema judicial, con el objetivo de erradicar la impunidad y garantizar justicia en casos de desaparición de personas en México.
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