Por: Jorge Suárez Rocha
Twitter: @SoyJSR
La pandemia de Covid-19 ha llegado a todos los rincones del país, incluidas las cárceles. Hasta el 18 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tenía registrados dos mil 139 casos confirmados, 283 sospechosos y 190 decesos por esta enfermedad.
Ciudad de México lidera el conteo de casos confirmados, sospechosos y decesos con mil 181, 185 y 55 casos respectivamente.
Puebla y Chihuahua ocupan el segundo y tercer lugar de casos confirmados con 245 positivos el primero y 129 el segundo.
En decesos, Baja California tiene el segundo puesto con 34 y le sigue Puebla con 33.
Respecto al rubro de sospechosos, San Luis Potosí ocupa el segundo lugar con casos pendientes de análisis y Guanajuato queda en tercero con 13.
Las Centros Federales de Rehabilitación Social que más casos han reportado son:
Hermosillo, Sonora, Cefereso 11 con 33 confirmados.
El Salto, Jalisco, Cefereso 2 con 32 positivos, seis sospechosos y cuatro defunciones.
Ocampo, Guanajuato, Cefereso 12 con 22 casos positivos y 13 sospechosos.
Desde que comenzó la pandemia de Covid-19 en el país, el número de decesos en las cárceles de México se han disparado.
En los primeros seis meses de 2019, el número de muertes fue 191, esto según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En 2020, la cifra es de 464 casos, es decir más del doble.
La mayoría de fallecimientos se han dado en los meses de mayo y junio, meses que coinciden con el alza en el número de contagios en el país. Sin embargo, OADPRS no especifica los motivos de los decesos. Por el momento no hay forma de confirmar las causas de las muertes.
Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, ya había alertado ante la posibilidad de que la pandemia de Covid-19 terminará afectando a este sector. Mencionó que en el país hay 200 mil personas presas, de las cuales 47 mil aún no reciben sentencia, por lo que podrían ser inocentes.
Además, hay cientos de mujeres que están presas y viven en las cárceles con sus hijos, los cuales son también sujetos de riesgo ante la enfermedad.
Parece complejo poder proteger a los internos, cuando según cifras del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2019) en 63% de los centros de reclusión del país existen deficientes condiciones materiales. En 33% de las prisiones hay sobrepoblación, en el 32.79 deficiencias de equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios. Además, el 32% presentan hacinamiento.
Todo esto pone a las personas privadas de la libertad, a sus familias y al personal penitenciario en una situación de especial vulnerabilidad y riesgo ante la pandemia.
En marzo pasado, la Comisión Nacional, se pronunció por velar el derecho a la salud de las personas que se encuentran presas y urgió a tomar medidas a los gobiernos tanto federal como a nivel local.
La realidad es que los gobiernos han sido opacos en el manejo de las cifras y no han especificado las medidas que tomaron.
Aunque se aprobó una Ley de Amnistía en abril pasado, hasta la fecha no hay reportes de que alguna persona haya sido beneficiada por esa medida, que tenía el objetivo de combatir la sobrepoblación en las cárceles y disminuir el riesgo de contagios masivos por coronavirus.
Cabe recordar que esta ley solo aplica para aquellas personas que hayan cometido un delito no grave y estén recluidas en un penal federal.
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