La Alianza Federalista integrado por 10 gobernadores meterán, por estado, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que evitar que el presidente López Obrador y su gobierno, se queden con los 68 mil millones de pesos que le quitarán a los 109 fideicomisos y fondos que desapareció la semana pasada la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados por instrucciones presidenciales.
Los mandatarios estatales de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango y Michoacán anunciaron que con las impugnaciones que presentará cada uno ante la Corte se busca impedir que los recursos acumulados en los fideicomisos sean catalogados como “producto excedente” en el gasto federal, lo que le daría al presidente la facultad de utilizarlos discrecionalmente y se consumaría un “agandalle” de recursos públicos por parte del Ejecutivo federal.
“Lo que vamos a impugnar ante la Suprema Corte, además de la extinción de los fideicomisos como tales, es el artículo cuarto transitorio (de la reforma de extinción), donde se produce lo que se ha dado en llamar el agandalle, (ya que) literalmente es un agandalle, hay una reconcentración de todos estos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo que hay que decir con toda claridad, es que esta eliminación de los fideicomisos es otra agresión más en contra del federalismo”, dijo Javier Corral, gobernador de Chihuahua.
El anuncio de los mandatarios, después de una reunión que tuvieron ayer en Aguascalientes, representa la primera acción legal y constitucional en contra del dictamen aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados.
De lo que se trata, explicó ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es de que todos los 10 estados acudan cada uno a interponer una Controversia Constitucional, aprovechando la facultad que les da la Carta Magna.
Otras de las acciones que propusieron los gobernadores de la Alianza Federalista para evitar que el Congreso termine de extinguir los fideicomisos es que los propios beneficiarios interpongan “amparos masivos” en contra de la desaparición de esos instrumentos de financiamiento.
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