El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se envuelve en sus marañas. Dijo que México es soberano para decidir a quién sí y a quién no, le da participación de sus energéticos, pero la Reforma Energética de Peña está anclada al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y al El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Después de que un grupo de senadores de Estados Unidos enviaran una carta a Donald Trump para que busque una solución a la iniciativa del Gobierno mexicano de limitar la participación privada en el sector energético, la discusión ha derivado en que un artículo del T-MEC, el cual hace alusión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), podría obligar a México a garantizar la explotación de hidrocarburos a las compañías privadas.
A pesar de que Estados Unidos no forma parte del TIPAT, este obtiene los beneficios implícitos sobre el blindaje jurídico que dispone que México no podrá disminuir la apertura del sector energético mexicano a ninguno de los países que conforman el T-MEC.
La intención de López Obrador es revertir la controvertida Reforma que permitió la participación privada en el sector energético; sin embargo, antes de esta, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ya se establecía que en caso de que México permitiera ejercer actividades de explotación de energéticos a privados, esta liberalización se “consolidaría”, con lo cual no se podría disminuir el nivel de apertura que se estableció en la reforma.
A esta situación, se suman las negociaciones del TIPAT en 2018, en la que México constituyó la apertura; además, dado que dicho acuerdo se hizo en el marco de la discusión del T-MEC, el tratado remitiría indirectamente al TIPAT. De este modo, lo estipulado en la reforma energética quedó plasmado en ambos tratados y, en consecuencia, no es posible hacer modificaciones que impliquen una menor cuota de lo establecido hasta ahora.
En caso de que el Gobierno restrinja la apertura vigente, México estaría violando los acuerdos del T-MEC; por lo cual, podría enfrentar represalias y tendría que reparar los daños causados. En el escenario más complicado, el país podría ser denunciado por sus socios y se pondría en riesgo su permanencia en el acuerdo.
Además de lo relacionado con TIPAT, el artículo 32.11 del T-MEC señala que México no puede adoptar o mantener medidas menos restrictivas conforme los términos de las reservas aplicables y las excepciones a obligaciones paralelas en otros tratados comerciales y de inversión que México ha ratificado, antes de la entrada en vigor del acuerdo entre los países de Norteamérica.
Si bien el capítulo ocho del T-MEC hace referencia a la soberanía que tiene México en cuanto al manejo de hidrocarburos, el Gobierno mexicano no puede cambiar sus leyes de forma contraria a lo que pactó internacionalmente en tratados como el T-MEC o el TIPAT.
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