La imagen ilustra, mediante una caricatura editorial, la contradicción entre promover una Ley de Protección a las Audiencias y excluir de sus principios al espacio informativo con mayor audiencia del país: las conferencias mañaneras.
Por Demetrio Sodi
Si la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a someter las conferencias mañaneras a la misma Ley de Protección a las Audiencias que impulsa para los medios de comunicación, entonces no tendría objeción en que el Congreso la apruebe. Si el propósito es realmente proteger a las audiencias, habría que empezar por el espacio informativo con mayor alcance del país.
Ningún noticiero de radio o televisión, ningún programa de opinión ni ningún medio digital concentra una audiencia comparable a la de las mañaneras. Más de 1.1 millones de personas las siguen diariamente por televisión abierta y cientos de miles más por redes sociales. Si existe un espacio con capacidad real para influir en la percepción pública, es ese.
Si la iniciativa pretende establecer obligaciones para quienes informan, entonces las conferencias presidenciales tendrían que ser las primeras en cumplirlas. Eso implicaría publicar un código de ética, designar un defensor de las audiencias y garantizar el derecho de réplica, una figura que el gobierno ha rechazado sistemáticamente desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Se dirá que las mañaneras no son un medio de comunicación. Jurídicamente puede sostenerse esa interpretación. En los hechos, son el principal escaparate informativo y político del país. Su impacto sobre la opinión pública es muy superior al de cualquier medio privado.
Las conferencias incluyen información gubernamental que resulta de interés público, pero también una dosis cotidiana de propaganda política, descalificaciones a la oposición y opiniones presidenciales sobre prácticamente cualquier asunto de la vida nacional. Si la nueva legislación exige distinguir con claridad entre información, opinión y propaganda, las mañaneras tendrían que identificar expresamente cuándo se está informando, cuándo se está opinando y cuándo se está promoviendo una posición política del gobierno o de Morena.
La lógica de la iniciativa también obligaría a reconocer errores, rectificar información falsa y ofrecer espacios efectivos para el derecho de réplica a todas las personas o instituciones aludidas o descalificadas desde el púlpito presidencial. Si ese principio se aplicara con rigor, buena parte del tiempo de las conferencias tendría que destinarse a aclaraciones, correcciones y réplicas.
Lo mismo ocurriría con quienes participan como reporteros. En un ejercicio auténticamente comprometido con las audiencias, debería transparentarse cualquier coordinación previa con el gobierno y diferenciar con claridad cuándo una intervención es una pregunta informativa y cuándo constituye una opinión personal o editorial. También sería indispensable poner fin a la simulación de quienes asisten únicamente para respaldar el discurso oficial o convertir el espacio en una tribuna de propaganda.
Es innegable que en los medios de comunicación existen errores, sesgos e incluso desinformación. Precisamente por ello existen mecanismos para corregirlos. Pero resulta difícil sostener que el mayor problema de desinformación está en la prensa cuando el espacio con mayor audiencia del país mezcla información oficial, interpretación política, propaganda y descalificaciones sin los contrapesos que ahora pretende imponer a los demás.
Las mañaneras son, además, un ejercicio cotidiano de comunicación política desde el poder. En ellas, la presidenta interviene todos los días en el debate público, fija la agenda nacional y emite juicios sobre partidos, dirigentes y actores políticos. Si el objetivo es proteger a las audiencias de contenidos potencialmente engañosos o parciales, sería contradictorio excluir precisamente al foro con mayor capacidad de influencia.
Por eso, la discusión de esta reforma no debería comenzar en las redacciones, sino en Palacio Nacional. Quien propone reglas para todos tendría que ser el primero en aceptarlas.
De otra manera, la ley dejaría de ser un instrumento para proteger a las audiencias y se convertiría en una herramienta para vigilar y presionar a periodistas, analistas y medios de comunicación, mientras el principal emisor de información política del país permanece al margen de las obligaciones que exige a los demás.
En cualquier democracia madura, una iniciativa que ha despertado un rechazo tan amplio entre periodistas, especialistas, organismos y medios habría obligado al gobierno a revisar el proyecto. En la lógica política de la Cuarta Transformación ocurre lo contrario: la mayoría legislativa suele bastar para convertir en ley cualquier propuesta del Ejecutivo, independientemente de la solidez de los argumentos o de las advertencias sobre sus riesgos para la libertad de expresión. Esa es, quizá, la mayor preocupación que deja esta reforma.
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