Ser juez en México, un cargo peligroso y con riesgo de muerte

Uriel Villegas Ortiz se encontraba en su domicilio cuando un grupo armado ingresó de manera violenta. Los hombres abrieron fuego dentro de la casa y lo mataron en ese mismo lugar junto con su esposa. Sus dos hijos fueron testigos de los hechos pero no resultaron heridos. Uriel era juez y llevaba casos del narcotráfico.

Los hechos sucedieron en Colima, una de las entidades con mayor número de decesos en el país y que desde hace años es controlada por el crimen organizado.

Según la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el fallecido “tenía, hasta donde tenemos conocimiento, algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo bien”.

Juez renunció a la seguridad con la que contaba

Hasta marzo de 2019, era protegido por un vehículo blindado y dos escoltas de tiempo completo, sin embargo decidió renunciar voluntariamente a la seguridad que se otorga a cualquier juez federal de materia penal.

Como juez sexto pidió el traslado de Rubén Oseguera, El Menchito, hijo del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, de una cárcel de máxima seguridad en Oaxaca a una de Jalisco, y atendió otros casos vinculados al narcotraficante.

En febrero de este año fue adscrito como juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima. Tuvo en sus manos el caso del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, así como de los implicados en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y de integrantes del CJNG.

También revisó carpetas de miembros de los Arellano Félix, de Los Valencia y de implicados en ataques con explosivos que ocurrieron de manera simultánea en el Estado de México y en Michoacán.

En las entidades de Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México, al menos 79 jueces y magistrados están recibiendo seguridad especial debido al peligro de su trabajo y el clima de violencia excedido en el país.

Jueces federales asesinados, de 1987 a 2016

Pedro Villafuerte Gallegos, juez de distrito del Estado de Morelos. Fue asesinado en septiembre de 1987. Recibió 33 impactos de bala, una por cada condena que impuso.
Sergio Novales Castro, magistrado de Sonora, fue encontrado muerto en el año 2000, con signos evidentes de tortura.
Benito Andrade Ibarra y Jesús Alberto Ayala, magistrados adscritos en Sinaloa, fueron asesinados a balazos en noviembre de 2001, por una sentencia que emitieron.
René Hilario Nieto, adscrito del Estado de México, fue asesinado a balazos en agosto de 2006 por otra resolución.
Carlos Elarza Amores, juez de distrito del Estado de Nayarit, fue atacado a balazos en 2010, aunque sólo falleció uno de sus escoltas.
El secretario del juez federal Rubén Avelar Castro, adscrito en Jalisco, fue asesinado a balazos en 2011, aparentemente por unas diferencias durante una diligencia judicial.
El juez Vicente Antonio Bermúdez, adscrito en el Estado de México, asesinado de un disparo en la cabeza el 17 de octubre de 2016.