Autor: Maite Azuela
En abril de 2017, cuando detuvieron a Javier Duarte, nos dieron pautas para pensar que la entonces PGR había realizado una investigación profesional y sustentada que probaba sus delitos. Pero el video de Imagen Noticias donde Duarte se refiere a su “entrega” y asegura que llegó a un acuerdo con el gobierno federal de Enrique Peña Nieto lo contradecía. Si la detención fue el resultado de un pacto, entonces ¿qué podíamos esperar del consecuente proceso penal por medio del cual se le juzgaría? ¿La nueva fiscalía romperá dicho acuerdo o lo mantendrá?
En 2017, durante la audiencia inicial del ex gobernador de Veracruz, Arturo Ángel (Animal Político) reportó que los fiscales encargados de presentar la acusación frente al juez no conocían a fondo el expediente, lo que evidenciaba que la labor de investigación era deficiente. En 2018, a través de una recomendación del entonces titular de la UIF se reclasificó el delito de delincuencia organizada por el que se le había acusado para que se le investigara por el de asociación delictuosa. Con esto Duarte solo tendría que pagar una multa por poco más de 58 mil pesos y pasar nueve años en prisión.
Fue así que la PGR, la única facultada como Ministerio Público para solicitar el procedimiento abreviado, lo solicitó al juez. ¿Por qué la PGR solicitó el procedimiento abreviado si con esto reducía la pena y se otorgaban beneficios al ex gobernador?
Frente a la posibilidad de implicar a los fiscales como cómplices de corrupción del ex gobernador, la organización TOJIL denunció que los posibles actos de corrupción entre la entonces PGR y la defensa de Duarte la afectaban directamente y solicitó se reconociera a sus integrantes como víctimas de estos hechos. La Visitaduría General de la PGR se negó a darles carácter de víctimas, TOJIL impugnó la decisión y el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió nuevamente negarles ese carácter.
Afortunadamente no quedó ahí, TOJIL presentó un amparo que derivó en una deducción histórica, el juez federal Juan Mateo Brieba de Castro reconoció que la organización tiene carácter de víctima, lo que significa que el sistema de justicia debe permitir que esta organización sea partícipe de los procesos penales, en tanto busca que se investiguen y sancionen posibles actos de corrupción.
Sin embargo, la nueva FGR, la de Alejandro Gertz Manero, se interpuso a la decisión del juez Brieba de Castro, lo que provocó que hoy el carácter de víctima de TOJIL —ya reconocido por una instancia del Poder Judicial— se ponga en riesgo. ¿En qué afecta a la Fiscalía y a Gertz Manero que TOJIL continúe reconocida como víctima del proceso?
Ahora la decisión está en manos del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación integrado por las magistradas Antonia Herlinda Velasco Villavicencio (ponente), Llia Mónica López Benítez y el magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías, y se podrá ratificar o negar el carácter de víctima de TOJIL.
Esta decisión tiene implicaciones determinantes en el juicio de Duarte. El rumbo que tomen revelará si su compromiso es con la lucha contra la corrupción o trabajan para abonar a la obstrucción de la FGR para allanarle el camino a Duarte. Lo sabremos el 9 de enero próximo.
@maiteazuela
