De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), en México, como en la mayoría de los países de la región, no ha habido transparencia en relación con los contratos alcanzados con empresas farmacéuticas para la adquisición de vacunas.
A pesar de que el presidente López Obrador se comprometió a hacer públicos los contratos con estas empresas, el acuerdo con AstraZeneca, de octubre del año pasado, sigue siendo confidencial.
Dejan de lado a los vulnerables
Por otro lado, el informe más reciente de la organización, llamado “Las vacunas en las Américas: diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas”, evidenció que el plan nacional de vacunación no menciona ningún protocolo para los pueblos indígenas, como tampoco sucede en Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.
Asimismo, la organización de derechos humanos señala que nuestro país excluyó de su planeación a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y que, no obstante a que, más tarde, el gobierno mexicano aseguró que la vacuna también se administraría a esta población. En los hechos, se ha reportado la existencia de obstáculos administrativos que podrían estar impidiendo que esto suceda.
Señales de alarma
La organización hizo patentes tres de sus principales preocupaciones: la existencia de empresas farmacéuticas que “han menoscabado la transparencia en las negociaciones sobre precios y contratos” de las vacunas que suministran; la no consideración, por parte de las autoridades, de la población en mayor riesgo frente al virus o históricamente discriminada, y la utilización de las vacunas para obtener réditos políticos o personales en el marco de los procesos electorales en curso.
Por lo anterior, Amnistía Internacional ha recomendado a los gobiernos regionales la aplicación inmediata de medidas basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, y cuyos estándares también deben ser respetados por las empresas.
Con información de Amnistía Internacional
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