Funcionario de Pemex gana 178 millones por organizar giras del tabasqueño
Una impactante investigación de “La Otra Opinión,” bajo la dirección del periodista Ricardo Alemán, ha dejado evidencia sobre la lucrativa relación entre un funcionario de alto nivel de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las giras presidenciales del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Tren Maya. César Alonso Galaviz Valenzuela, empleado de Pemex, habría acumulado más de 178 millones de pesos (mdp) a través de su empresa, Soluciones Integrales Argal, en contratos con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la prestación de servicios en dichas giras.
La investigación revela que Soluciones Integrales Argal firmó tres contratos con Fonatur para proporcionar un “Servicio Integral de Giras Presidenciales.” El primero de estos contratos, denominado No. FTM/SEN/PTM/AD/41-V/001/2022, se firmó en 2022 por un monto máximo de 58 mdp, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con vigencia desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2022.
El segundo contrato, identificado como No. FTM/SEN/PTM/AD/005/2023, se firmó en 2023 y aumentó el monto a 116 mdp (IVA incluido), abarcando desde el 6 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Sorprendentemente, este segundo contrato representa un aumento de 66 mdp en comparación con el contrato previo, a pesar de prolongarse solo cuatro meses más.
Además de estos dos contratos de giras presidenciales, la empresa de Galaviz Valenzuela recibió un tercer contrato para la organización de reuniones de trabajo, por el cual obtuvo 4,805,880 pesos (IVA incluido). En total, estos tres contratos se traducen en una asombrosa suma de 178 millones 805 mil pesos.
Uno de los puntos más llamativos de la investigación son los presuntos sobrecostos en los servicios proporcionados durante las giras presidenciales de AMLO en el Tren Maya. Entre los gastos señalados, se destaca el “Servicio de Wifi de 200MB de subida y 100Mb de bajada,” por el que el Gobierno habría pagado a Soluciones Integrales Argal la exorbitante suma de 101,882 pesos en cada evento.
Además, se destaca el “Servicio de Internet con cuatro salidas para sala de ajustes presidente, sala de ajustes general, junta de avances y enlace mañanera,” que también se facturó a razón de 101,882 pesos por evento. Otra crítica recae sobre el costo de 54,500 pesos por el uso de una antena satelital en cada evento, comparado con los servicios satelitales ofrecidos por la empresa Starlink de Elon Musk, que supuestamente cuestan considerablemente menos.
Amenidades “de lujo” en contratos de Giras Presidenciales
Además de estos servicios técnicos, se detallan amenidades de lujo destinadas a la comodidad del Presidente, incluyendo la renta de un baño VIP individual por 11,220 pesos, la renta de cristalería para comida, que asciende a 6,530 pesos por evento, y la provisión de 150 botellas de agua de 600 ml a un costo de 6,500 pesos. Cada evento presidencial en el Tren Maya, según la investigación, alcanza un coste asombroso de 664,000 pesos.
El propietario de Soluciones Integrales Argal, César Alonso Galaviz Valenzuela, también se desempeña como empleado activo de Pemex en un contrato temporal en Dos Bocas, Tabasco. En ese rol, ocupa la posición de “especialista técnico C,” nivel 35, y recibe un salario de aproximadamente 20,000 pesos mensuales después de impuestos.
Soluciones Integrales Argal fue registrada en 2015 en Durango, Durango, y es propiedad en un 90% de César Alonso Galaviz Valenzuela, mientras que el 10% restante es propiedad de Maria Luisa Arellano Mondragón. Aunque la empresa tuvo contratos menores con el Instituto del Deporte del estado de Campeche en el pasado, su entrada en el escenario de los contratos del Fonatur se produjo en 2022 a través de adjudicaciones directas.
La revelación de estos contratos y presuntos sobrecostos ha suscitado críticas y preguntas en torno a la transparencia y la integridad en la administración de los recursos públicos durante las giras presidenciales en el Tren Maya. La sociedad exige respuestas y medidas para garantizar una utilización eficaz y eficiente de los fondos públicos en beneficio de la ciudadanía.
