Estallan acusaciones de corrupción y desvíos en Programas Sociales

Corrupción y desvíos en Programas Sociales: Explosivas revelaciones sacuden la política en Sinaloa

La figura de María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, exsubdelegada regional de programas sociales en Sinaloa, ha desatado una tormenta política tras acusaciones de maletas repletas de dinero, desvíos de tarjetas del bienestar y vínculos con el narcotráfico, según revelaciones obtenidas por Héctor De Mauleón, periodista de El Universal.

El periodista afirma haber recibido un paquete explosivo de audios y videos que documentan presuntos actos de corrupción y uso indebido de recursos destinados a programas sociales en Sinaloa donde la principal protagonista es Hernández Jiménez, quien también es una figura prominente en el partido Morena. Entre las acusaciones más graves, se menciona la entrega de tarjetas del bienestar que posteriormente fueron dadas por perdidas o robadas, bajo presión del entonces superdelegado José Jaime Montes Salas.

La exfuncionaria también habla de la llegada de maletas llenas de dinero, supuestamente enviadas por narcotraficantes, y entregadas al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, durante su campaña política. Según Hernández Jiménez, estas prácticas corruptas eran conocidas y toleradas por altos funcionarios del partido.

Ante estas revelaciones, Hernández Jiménez intentó hacer una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública, pero se encontró con obstáculos y amenazas por parte de sus superiores. A pesar de sus esfuerzos, la investigación fue detenida tras la salida de la entonces secretaria, Irma Eréndira Sandoval.

Estas acusaciones se suman a la revelación hecha por Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, sobre la existencia de al menos 600 mil beneficiarios fantasmas en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que representa un desfalco de 50 mil millones de pesos.

La gravedad de estas acusaciones y la presunta participación de altos funcionarios de Morena en actividades ilegales exigen una investigación exhaustiva y medidas inmediatas por parte de las autoridades competentes.