La empresa Protective Materials Technology (Promatech), cuya accionista estuvo relacionada con la venta de un departamento al general Luis Cresencio Sandoval, se encuentra en la carrera por obtener un nuevo contrato millonario por más de 200 millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A pesar de enfrentar una inhabilitación vigente para participar en licitaciones, Promatech ha decidido postularse para el suministro de placas balísticas, levantando interrogantes sobre la integridad y transparencia de los procesos de contratación gubernamentales.
La empresa Promatech tomó notoriedad cuando se descubrió que una de sus socias, Alejandra Aguilar Solórzano, le vendió al general Luis Cresencio Sandoval un departamento en Bosque Real por una suma de 9 millones de pesos en febrero de 2020, representando tan solo un tercio del valor comercial de propiedades similares. Este polémico episodio no ha pasado desapercibido y ha suscitado cuestionamientos sobre posibles vínculos poco éticos entre actores privados y públicos.
A pesar de que Promatech enfrenta una inhabilitación de 21 meses que fue decretada el 6 de mayo de 2022 y que se extenderá hasta febrero de 2024, la empresa no ha cejado en su intento de obtener contratos con el gobierno. La firma ahora busca adjudicarse un contrato millonario con la Sedena por el suministro de placas balísticas, a pesar de su historial cuestionable y su incapacidad previa para cumplir con un contrato similar.
De acuerdo con una investigación de Méxicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa obtuvo en el pasado un contrato por 319.4 millones de pesos con la Sedena para el abastecimiento de placas balísticas, pero incumplió con los términos del contrato, lo que resultó en su inhabilitación. A pesar de este historial, Promatech no se ha detenido y ahora compite en una nueva licitación por un contrato de dimensiones similares.
De acuerdo con la investigación realizada por la periodista Verónica Ayala, la licitación internacional, con fondos provenientes del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, ha generado controversia debido a la participación de Promatech y otras empresas. La empresa presentó una propuesta por 266 millones de pesos, siendo la oferta más alta entre los competidores. A pesar de esta suma elevada, otras empresas han presentado ofertas más bajas, lo que pone en duda la transparencia y equidad del proceso.
Esta misma semana está programado el fallo de la licitación, un veredicto que no solo determinará el destino de los millones en juego, sino que también impactará la percepción pública sobre la idoneidad y ética en los procesos de contratación gubernamentales.
Este nuevo capítulo en la saga de Promatech subraya la necesidad imperante de una mayor transparencia, rendición de cuentas y supervisión ciudadana en los procesos de contratación del gobierno. La participación de empresas bajo escrutinio en licitaciones millonarias plantea preguntas sobre los niveles de control y vigilancia en la administración de recursos públicos. La integridad de la competencia y la confianza en las instituciones gubernamentales están en juego, y la sociedad demanda respuestas claras y medidas concretas para asegurar la rectitud y legalidad en estos procesos cruciales para el desarrollo del país.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/empresaria-que-le-vendio-departamento-a-sandoval-busca-nuevo-contrato/
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