Del 2019 a 2021, el presidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias de México y España por 26 millones de pesos, relacionados con dos empresas familiares con presuntas irregularidades fiscales.
Hay una investigación abierta en la FGR
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la institución presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Explicó que se detectó un esquema de transferencias millonarias entre los años 2019 y 2021, a través de las cuales el expresidente Enrique Peña Nieto presuntamente se benefició con más de 26 millones de pesos. El funcionario confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación con base en esta información.
“Derivado de las facultades con que cuenta la UIF se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través de los cuales se detectó que un expresidente obtuvo beneficios económicos. Se observó que mediante transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos”, dijo.
“No vamos a fabricar delitos”
El titular de la UIF señaló que el expresidente obtuvo dicho monto mediante tres transferencias: la primera, el 21 de agosto de 2019, por 16 millones 8.20 pesos; la segunda, el 20 de octubre de 2021, por 5 millones 702.62 pesos y finalmente el 21 de octubre de 2021, por 5 millones 718.92 pesos, recursos que fueron transferidos por un “familiar consanguíneo” a Enrique Peña Nieto desde una cuenta en México hacia otra cuenta en España. Además, expuso que este fue el mismo modus operandi se llevó a cabo también con un hermano del expresidente, a quien se le enviaron cheques por más de 29 millones de pesos.
“Nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie”, aseguró el presidente López Obrador sobre el caso.
Pablo Gómez no confirmó que dichas operaciones estuvieran relacionadas con dinero público o lavado de dinero, pero aclaró que se trata de “una medida de prevención de operaciones que puedan estar atentando contra el sistema financiero, cuya estabilidad y buen funcionamiento está a cargo de la UIF”.
“La Secretaría de la Función Pública podría derivar de la carpeta de investigación siempre que el fiscal lo vea pertinente. No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, estamos hablando de cuestiones que tienen relación con la Función Pública, podría estar o no, estamos hablando de actividades en el sistema financiero por parte de particulares”.
Con información de la conferencia matutina de Presidencia de la República
