La filtración y venta de fotos y videos de víctimas asesinadas o accidentadas se ha convertido en la actualidad en una práctica común. Lo anterior es debido a que los miembros policiales y del servicio forense monetizan con dichos materiales.
De acuerdo con un reportaje de Reporte Índigo, autoridades se han aprovechado de las cadenas de custodia en eventos catastróficos para tomar fotos y videos y venderlos a precios que van desde los 500 hasta los 150 mil pesos.
Los lugares en donde se presenta con mayor frecuencia dicho modus operandi es en los centros de procuración de justicia y en las morgues, sin importar los niveles jerárquicos de dichas instituciones.
Reporte Índigo asegura que policías, peritos y hasta altos mandos de seguridad cuentan ya con tabuladores para pedir cierta suma de dinero a los interesados en el material. Normalmente suelen ser medios de comunicación o negocios que lo difunden en redes sociales.
“Reporte Índigo constató esta práctica en diferentes procuradurías de justicia. De acuerdo con oficiales de seguridad del Estado de México, quienes solicitaron el anonimato, la venta de este tipo de material es una práctica conocida entre los elementos de dichas corporaciones”, detalló el reportaje.
Práctica frecuente pero ilegal
Francisco Javier Hernández Salcedo, presidente de la fundación Lex Pro Humanitas, mencionó que aunque esta práctica se realiza con naturalidad es ilegal. Lo anterior es porque vulnera los derechos humanos de las víctimas y de su familia.
“Tenemos varios escenarios, uno de ellos son los dueños de las morgues que venden al mejor postor fotos de las personas fallecidas. Las mandan primero en baja resolución vía Whatsapp para quienes estén interesados y una vez que reciben el depósito es cuando mandan archivos Leyes ambiguas
Aunque la difusión de este tipo de materiales se sanciona en el país, muchos estado no la aplican bajo el argumento de que ha tenido señalamientos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ambigüedades e incluso contradicciones en su redacción.
Como ejemplo se encuentra la Ley Ingrid, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y que reforma el Código Penal de la capital para castigar la distribución de imágenes de una víctima. Su pena es de hasta seis años de cárcel.
En Aguascalientes, Morelos y Oaxaca, por su parte, también se castiga con cárcel la venta de archivos multimedia de las víctimas.
En contraste, en Colima y el Estado de México, se declararon inconsistencias en la ley, por lo que ahora está bajo el criterio de los jueces de los ministerios públicos.
“Los esfuerzos que se han reflejado en este tipo de leyes se deben a la presión social que se originó por el feminicidio de Ingrid Escamilla, cuyas fotografías fueron difundidas en medios de comunicación y redes sociales”, dijo Reporte Índigo.
¿Daño irreparable? Consecuencias de la venta de fotos
Aunque mucho se habla de las consecuencias legales, también existen consecuencias en el entorno social de la víctima y sus familiares. Numerosas secuelas deja la exposición de los materiales que hoy en día son fácilmente difundidos a través de redes sociales.
Sin embargo, la exposición y difusión de dichos materiales puede incluso afectar a los procesos legales que se estén llevando a cabo.
Caso Ingrid Escamilla
Uno de los casos más sonados fue el de Ingrid Escamilla, víctima de un feminicidio.
Las fotos del atroz hecho circularon rápidamente por redes sociales, lo que causó una conmoción a nivel nacional. Su esposo mutiló y desolló su cuerpo en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.
Sin embargo, debido a la crudeza de las imágenes, rápidamente se realizó una campaña en redes sociales en donde, en lugar de compartir las fotografías filtradas, se compartieron fotografías de Ingrid en vida.
Actualmente la comercialización y difusión de fotos y videos está permitida únicamente con fines didácticos y educativos, como por ejemplo, en escuelas de medicina y forenses. Todo ello con el previo consentimiento de la familia.
Afinan Ley Ocaña, por difusión de fotos
Actualmente, legisladores de los congresos locales de las 32 entidades del país alistan reformas a sus códigos penales para endurecer las penas para quienes compartan y filtren imágenes de víctimas.
A raíz de lo sucedido con el actor Octavio Ocaña y el feminicidio de Ingrid Escamilla, diputados estatales de Morena mencionaron a Reporte Índigo que buscan homologar criterios en la legislación para frenar dicha práctica.
En cuanto a organizaciones como LexPro Humanitas, han elaborado una serie de recomendaciones para robustecer el marco jurídico que existe en los 32 estados del país.
“Se busca fincar responsabilidades administrativas e incluso penales para quienes incurran en esta práctica ilegal. Esto sin importar que sean servidores públicos, policías o personal forense”, expresó la organización civil.
Mientras tanto, en el Congreso del Estado de México, los legisladores de Morena presentaron una iniciativa para reformar el artículo 227 BIS del Código Penal mexiquense para aumentar la pena por la difusión de imágenes de las víctimas.
Con esta nueva ley llamada Ocaña se pretende que se eleve el castigo hasta 10 años de prisión, al igual que una multa de entre 500 y mil Unidades de Medida de Actualización (UMA).
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Con información de Reporte Índigo.
