Segalmex, el órgano creado por López Obrador para promover la seguridad alimentaria y la nutrición, entregó 245 millones de pesos a una empresa sin empleados del IMSS que subcontrataba a otra empresa que fue inhabilitada por el gobierno tras causar afectaciones a tres pacientes COVID-19 en 2020.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) está envuelta nuevamente en un escándalo de corrupción. Este organismo público descentralizado se creó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 18 de enero de 2019, por decreto del presidente, y tiene como objetivo “promover la seguridad alimentaria y la nutrición, mediante programas de apoyo a pequeños productores, así como garantizar el acopio y distribución eficiente de alimentos básicos, para propiciar el bienestar de las comunidades más vulnerables”.
Ahora ha salido a la luz que, durante su primer año de operaciones, Segalmex “entregó un contrato de arrendamiento de equipo por 245 millones de pesos a una empresa que no tiene empleados registrados ante el IMSS y que, a su vez, subcontrató a una firma inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública”, según dio a conocer este lunes el diario Reforma.
La información publicada por el diario capitalino se basa en una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), la cual revela que Segalmex otorgó el mencionado contrato (con vigencia del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2022) a la empresa Micro Credit para que esta proporcionara 156 transportadores helicoidales tipo bazooka y 600 sets de laboratorio que se utilizarían en el programa Precios de Garantía para el control de calidad del maíz, frijol, arroz y trigo. Sin embargo, la empresa se retrasaba hasta 100 días en sus entregas sin recibir la multa correspondiente por ello por parte de Miguel Carrillo, director de Planeación del organismo. Mientras tanto, Segalmex siguió pagando mensualmente a Micro Credit 8 millones de pesos.
Posteriormente, el Órgano Interno de Control de Diconsa descubrió que Micro Credit, además de no tener trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), había subcontratado a Multicorporación Brexot, empresa inhabilitada desde 2020 por no entregar a tiempo 250 ventiladores al ISSSTE en medio de la urgencia por la pandemia, darlos a un sobrecosto de 250 millones de pesos, deteriorar la condición de dos pacientes y condicionar la muerte de otro en el Hospital 20 de Noviembre, pues presentaban fallas súbitas.
El miércoles 26 de enero, la Secretaría de la Función Pública ordenó que se realizara una fiscalización a Segalmex, Diconsa y Liconsa de los años 2019, 2020 y 2021. Así, se desvelaron las irregularidades cometidas por funcionarios, proveedores y prestadores de servicios, mismas que derivaron en denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), al mismo tiempo que Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, separó de su cargo a los servidores públicos involucrados.
“En julio del 2021, MCCI reportó que durante sus dos primeros años de operación, Segalmex —conocida como la Conasupo de la 4T— otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la SEDATU”, informó el pasado 27 de enero Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.
Con información de Reforma
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