A pesar de los esfuerzos por transformar la justicia en la capital, 98.4 de delitos sin respuesta: México Evalúa
En medio de un proceso de transformación institucional y una profunda reforma constitucional, el sistema de justicia penal de la Ciudad de México enfrenta una grave crisis de impunidad. Así lo revela el informe “Hallazgos desde lo local: CDMX”, presentado por México Evalúa, que evalúa el sistema de justicia penal en la entidad y muestra que el 98.4% de los delitos denunciados e investigados en la capital del país quedó sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
En este reporte, por primera vez se analiza la impunidad por delito a nivel local, y los datos son alarmantes. En Ciudad de México, el 100% de los casos de narcomenudeo quedó sin resolución, al igual que el 98.7% de homicidios dolosos, 97.5% de violencia familiar y 95.6% de violaciones. Estas cifras ponen de manifiesto la falta de efectividad y respuesta del sistema de justicia penal ante los delitos que afectan a los ciudadanos.
El informe también destaca un aumento del 12.9% en la incidencia delictiva en el año de evaluación, con delitos como la extorsión y la violencia familiar reportando las mayores alzas. Por otro lado, hubo disminuciones en la incidencia de secuestro y homicidio doloso. Sin embargo, lo más preocupante es que la cifra negra, que representa la proporción de delitos que no llegan a ser denunciados o investigados, alcanzó un alarmante 92.6%.
El proceso de transformación institucional que ha tenido lugar en la Ciudad de México desde 2019, con la implementación del Modelo 2020, la Política Criminal y el Plan de Transición de la Fiscalía General de la CDMX, parecía ser una apuesta para mejorar el sistema de justicia penal. Sin embargo, los resultados del informe demuestran que aún hay un largo camino por recorrer.
Una de las condiciones que ayudan a garantizar el acceso a la justicia, según el reporte, es la suficiencia de personal en las instituciones de justicia penal. En este aspecto, Ciudad de México cuenta con tasas por cada 100 mil habitantes mayores al promedio nacional para peritos, jueces, agentes del Ministerio Público y policías de investigación. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se observa una efectiva gestión de las cargas de trabajo de los operadores ni una mayor eficiencia en la gestión de los procesos en cada institución, lo que merma los resultados del sistema de justicia penal en su conjunto.
Crece presupuesto pero disminuye eficiencia
El informe también pone de relieve que el presupuesto del sector justicia en la Ciudad de México ha experimentado un aumento significativo, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reportando un incremento del 366.27%. Sin embargo, a pesar de estos recursos, la tasa de resolución de la Fiscalía General de la Ciudad de México fue de solo 36.6%, 13.5% por debajo de la tasa nacional, y el Poder Judicial tuvo una tasa de resolución del 45.7%, contra una tasa de congestión del 54.3%.
Ante este panorama retador, el informe de México Evalúa formula recomendaciones para elevar la calidad de la justicia en la Ciudad de México. Entre ellas, se destaca la necesidad de que la Fiscalía General desarrolle un esfuerzo de evaluación para medir su eficacia y el grado de éxito en la implementación de modelos de investigación, de acuerdo con las prioridades establecidas en su Política y Plan de Persecución Penal. Asimismo, se sugiere que el Poder Judicial fortalezca su modelo de gestión para evitar dilaciones y asegurar una justicia expedita, además de consolidar el Servicio Profesional de Carrera.
La Secretaría General de Gobierno también debe realizar un análisis pormenorizado que incluya la proyección de cargas de trabajo para identificar las necesidades apremiantes de las instituciones y garantizar la asignación adecuada de recursos para enfrentar el reto de reducir la impunidad en la Ciudad de México.
Así, a pesar de los esfuerzos por transformar la justicia en la Ciudad de México, el alto índice de impunidad es una realidad preocupante que exige acciones inmediatas y coordinadas para fortalecer el sistema de justicia penal y garantizar un acceso efectivo a la justicia para todos los ciudadanos. Es fundamental que las autoridades y la sociedad trabajen en conjunto para enfrentar este desafío y construir una ciudad más segura y justa para todos.
