Dos jueces resolvieron los recursos de amparo promovidos otorgando una suspensión indefinida a la ley de hidrocarburos.
La sentencia, dictada por el juez Juan Pablo Gómez, el mismo que otorgó los primeros amparos contra la ley eléctrica, así como por Rodrigo de la Peza, otorga suspensión definitiva con efectos generales la aplicación de las reformas.
Con ello se detiene la entrada en vigor de los artículos 51, 57 y 59 bis, los transitorios 4º y 6º de la ley de hidrocarburos, en tanto no se resuelva la constitucionalidad de los cambios aprobados el 22 de abril por el Senado.
Dentro de las consideraciones externadas por los jueces está la ventaja competitiva que Pemex tendría, lo cual significa retomar “el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética” aprobada por el gobierno peñista en 2013.
Sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector, con la consecuente afectación para los consumidores finales”
El gobierno federal ha defendido esta reforma con el argumento de poner orden al mercado de combustibles, ya que muchas compañías propietarias no respetan los procedimientos legales.
“Quienes estaban haciendo contratos jugosos están inconformes y cuentan con el apoyo de los jueces”, así destacó hoy en su conferencia matutina el titular del ejecutivo la suspensión otorgada a la ley de hidrocarburos por dos jueces. De quienes, además, aseguró son muy eficaces cuando se trata de proteger los intereses de grupos o de particulares.
Los particulares empresarios que recibieron contratos, y en la mayoría de los casos contratos muy jugosos, muy favorables a ellos, muy malos para el interés público; pues recurrieron a estos recursos de amparo pero todavía faltan otras instancias. Nosotros vamos a darle seguimiento al cumplimiento de estas leyes porque es defender la economía popular y es también combatir la corrupción.”
A su vez afirmó que “si Pemex no tiene la rectoría en la distribución de los combustibles lo que va a seguir imperando es el contrabando, el huachicol”. Acusó también a la administración pasada por haber entregado más de mil permisos para la importación de gasolina y diesel a personas que ni siquiera se dedicaban a esta actividad.
Por último, afirmó que harán lo que corresponde dentro del marco legal y con argumentos para que estas prebendas otorgadas con la reforma del 2013, se acaben. Aseguró que la lluvia de amparos obedece a que ya no se podrá hacer negocio con la gasolina y el diesel.
Con información de La Jornada, Expansión.
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