El presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el próximo domingo su plan para reactivar la economía en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Hay mucha expectación entre los empresarios, y entre la gente en general hay dudas a propósito del contenido de esta propuesta.
Tal vez me equivoque, pero si usted está esperando un gran cambio en la política económica para hacerle frente a la crisis que enfrentamos, me parece que se va a desilusionar.
Existe algo que podríamos denominar como el ‘síndrome del Fobaproa’. El presidente incluso escribió un libro acerca de aquel programa de rescate bancario: Fobaproa, expediente abierto, publicado en 1999, cuando era presidente nacional del PRD.
López Obrador se quedó con la imagen, parcialmente cierta, de que aquel programa de rescate financiero ayudó a personas y empresas que tenían recursos y que no lo necesitaban, generando un gran fraude. En contraste, no hubo un programa de esas dimensiones que atendiera las necesidades de los grupos sociales más vulnerables.
Con esa idea en mente, el programa de reactivación del próximo domingo seguramente incluirá algo de lo que ya se ha adelantado: un millón de créditos de entre 10 a 25 mil pesos para microempresas, señalando que éstas emplean al 75 por ciento de los trabajadores y 92 por ciento no tienen acceso al financiamiento.
Además, probablemente se ponga más énfasis en la entrega de recursos a adultos mayores, a quienes ya se les adelantó un bimestre.
Habrá también medidas del Infonavit y del Fonacot para apoyar a los trabajadores con problemas. Se anunciarán también programas de la banca de desarrollo. Por ejemplo, Banobras ofrecerá liquidez a las empresas del sector de infraestructura; Nafin ofrecerá apoyo a la liquidez de las empresas en créditos directos; igualmente habrá recursos adicionales para intermediarios financieros; Nafin y Bancomext también ofrecerán un programa de garantías, entre otros de los programas que se habrán de anunciar.
Sin embargo, a diferencia de lo que se ha visto en otras partes del mundo, no habrá programas específicos para evitar la bancarrota de empresas medianas o grandes, con la lógica de que los recursos deben canalizarse fundamentalmente hacia las firmas más pequeñas, así como hacia el grueso de la población.
López Obrador tiene razón en las críticas a algunos de los programas de rescate que se han aplicado en el pasado, pero, como en otras ocasiones hace borrón y cuenta nueva, ‘tirando el agua sucia de la bañera con todo y niño’, sin reparar en que a veces rescatar a una gran empresa implica rescatar a cientos de pequeñas que viven en torno a ella.
Para evitar que la economía se desplome a los niveles que algunos anticipan hasta en 8 por ciento, sería necesario que también se apoyara a las empresas de mayor tamaño.
Esto también debería implicar la posibilidad de escalonar los pagos de impuestos, como ha pedido el CCE y pagos expeditos del gobierno y empresas productivas del Estado a sus proveedores.
En este contexto, el gobierno federal no puede perder de vista que se requieren niveles de endeudamiento mucho más elevados.
El déficit público, que ya estaba previsto en los Criterios Generales de Política Económica en 547 mil millones de pesos, crecería a 806 mil millones bajo las nuevas circunstancias. El incremento es 1.2 por ciento del PIB.
Aunque no es de despreciarse esta cantidad, está muy por debajo de las necesidades financieras de un entorno extremadamente complicado.
En EU, el programa fue equivalente al 15 por ciento del PIB. Si no se da una respuesta del tamaño del problema, no habrá de otra, la economía se va a hundir este año.
