Recientemente, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida por Marcelo Ebrard, interpuso una demanda en contra de empresas de armas en Estados Unidos por su responsabilidad en el aumento en los niveles de violencia en México.
“Si no tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en nuestro país a través de la disponibilidad de armas, va a ser muy difícil reducirlos”, dijo el secretario.
En la inauguración del seminario “Litigio estratégico vs productores y distribuidores de armas” organizado por la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Naciona Autónoma de México (UNAM) el director de la Facultad, Raúl Contreras Bustamante, mencionó que la iniciativa de la cancillería mexicana para combatir el flujo de armas ilegales cobra relevancia en el panorama internacional.
Es por eso, dijo Contreras, la comunidad universitaria a través de los académicos, tiene interés en colaborar en la decisión de la cancillería mexicana pues lo calificó cono una acción audaz e innovadora para el servició público.
La información pública sobre el número de armas ilegales incautadas del crimen organizado en México mostró que las empresas distribuidoras se encuentran en Massachusetts, un estado que ha mostrado apertura en el tema y es por eso que la demanda se interpuso en esa corte.
El el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio Alcántara, recalcó que se trata de una demanda civil donde el gobierno mexicano argumenta que ha sufrido daños directos e indirectos por las prácticas comerciales negligentes e ilícitas de diversas empresas, como Barrett.
“Los impactos sistémicos por el tráfico de armas que afectan los objetivos nacionales son evidentes: pérdida de vidas humanas, disminución de sectores de la economía, como el turismo, por la inseguridad, o la extorsión que padecen los campesinos para trabajar sus tierras, amenazas de grupos criminales a empresarios o robo de mercancía. (…) Con un fallo judicial favorable se sentará un precedente y se fomentará el inicio de una nueva época de pacificación en México”, opinó María de Haas Matamoros, especialista en seguridad nacional.
Cada año se trafica de manera ilegal al territorio mexicano, más de medio millón de armas que se utilizan en actividades ilícitas en contra de la población civil y las fuerzas públicas, con lo cual se genera un daño hasta de 1.5 por ciento del PIB de México, en costos de atención médica, pérdida de turismo, comercio, entre otros rubros, así lo explicó, Marleck Ríos Nava, acádemico de la UNAM.
