En los últimos cinco años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en México han experimentado un incremento preocupante en la incidencia de riñas, motines y desórdenes. Según datos del Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024, proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), se han registrado al menos 3,905 incidentes en estos penales.
La tendencia ha sido creciente, marcando un aumento del 23% en 2022, con 949 incidentes violentos, el número más alto desde 2015. En comparación, 2020, año marcado por la pandemia de Covid-19, tuvo 656 casos reportados. El objetivo del gobierno federal para 2024 es reducir estas cifras a 636 incidentes, pero la realidad actual, hasta junio de 2023, ya supera los eventos registrados en los primeros tres años de la 4T.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que en 10 de los 14 penales federales se enfrentan condiciones de gobernabilidad deficientes debido a la insuficiencia de personal de seguridad y custodia. La CNDH también destaca deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias en algunos Ceferesos.
Según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2023, las cárceles federales albergaban a 19,627 personas privadas de la libertad en agosto pasado. La sobrepoblación, junto con la falta de personal y la insuficiencia de medidas disciplinarias, contribuye a la inestabilidad en los penales.
La CNDH ha emitido más recomendaciones en la última década, pasando de seis en 2013 a 15 en 2022. La creciente preocupación se refleja en la respuesta de la dependencia a estos problemas, marcando una meta de solo una recomendación para 2024, a pesar de que en 2022 se emitieron 15 recomendaciones. La gestión eficaz de estos problemas es crucial para salvaguardar la seguridad y la vida tanto de los internos como del personal penitenciario.
La problemática en los penales federales requiere una atención inmediata y medidas concretas para abordar la sobrepoblación, mejorar las condiciones de gobernabilidad y garantizar la seguridad en estos centros.
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