Organizaciones de la sociedad civil exigieron el cese de la violencia institucional en contra de la jueza Angélica Sánchez Hernández y resaltaron la importancia de preservar la independencia judicial, la cual ha sido objeto de diversos ataques en los últimos meses.
Estos ataques incluyen manifestaciones de apoyo al presidente de la República en las que se quemó un muñeco con el rostro de la Ministra Presidenta Norma Piña, así como marchas que denuncian corrupción en el Poder Judicial y la Suprema Corte, utilizando ataúdes con las imágenes de la Ministra Presidenta y el ministro Pérez Dayán. Además, se mencionó la continua descalificación en las conferencias matutinas por parte del titular del Ejecutivo.
Mediante un comunicado de prensa conjunto, al menos 21 organizaciones sociales, así como diversas personalidades de ámbito académico, jurídico y procesal, manifestaron su preocupación y condenaron la detención ilegal de la jueza Angélica Sánchez Hernández, ocurrida el pasado viernes a manos de integrantes de la Guardia Nacional. La jueza fue arrestada bajo cargos de presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, siendo esta la segunda vez que es detenida de manera ilegal, tras un incidente similar la semana pasada por agentes de la Policía Estatal en Veracruz.
La jueza fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde a decir de las organizaciones civiles, permaneció incomunicada antes de ser llevada nuevamente a Veracruz. Este acto ha sido calificado como violatorio de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo e independiente.
Según declaraciones del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se sugiere que el verdadero motivo de la detención de la jueza la semana pasada fue el sentido de una de sus resoluciones, lo cual levanta sospechas sobre la legalidad de las acusaciones presentadas por los agentes estatales. En este contexto, las organizaciones expresaron su preocupación de que la detención en la Ciudad de México pueda ser igualmente arbitraria.
Es fundamental recordar que los y las juzgadoras gozan de independencia de criterio, por lo que el sentido de sus resoluciones no puede ser motivo para justificar su detención. Esto representa una grave violación a la independencia judicial y ninguna legislación lo permite ni lo contempla como causa para iniciar un proceso penal.
Las organizaciones enfatizaron que la violencia dirigida hacia la jueza Sánchez representa una amenaza para todos los juzgadores del país, poniendo en riesgo el derecho de la sociedad a acceder a una justicia imparcial, independiente y libre de presiones o intereses ajenos a la aplicación del derecho. El respeto y la salvaguarda de la independencia judicial son condiciones fundamentales para garantizar el acceso a la justicia en beneficio de toda la sociedad.
Asociaciones firmantes:
Firmantes a título personal
La jueza Angélica Sánchez recibió la medida cautelar de prisión preventiva justificada de un año, luego de que fuera detenida el viernes en la Ciudad de México, informó la Fiscalía General de Veracruz. Esto luego de ser señalada como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia.
“Por cuanto hace a la vinculación a proceso, tomando en consideración que Angélica N. se acogió a la duplicidad del término Constitucional, la audiencia en la que se resuelva su situación jurídica se llevará a cabo el miércoles”, informó la autoridad.
“Es oportuno enfatizar que, contrario a lo divulgado en diversos medios de comunicación, la suspensión provisional que fuera otorgada a Angélica N. en un juicio de amparo, no tiene alcances sobre la orden de aprehensión que fue ejecutada. Ya que la misma fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por lo que solo la protege contra órdenes de aprehensión emitidas previamente”, detalló la Fiscalía estatal.
De acuerdo con el periódico El Financiero, Gustavo Gómez, hijo de la jueza, dijo temer por su vida e insistió en que los delitos que se le fincan son de orden político. A su vez, el abogado defensor Ricardo Aguilar Rodríguez denunció diversas irregularidades en la detención de la funcionaria. El defensor señaló que lo más significativo es que no fue respetado el amparo ante la orden de aprehensión, así como la detención de la jueza en la CDMX.
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