La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) anunció que una juzgadora federal otorgó una suspensión definitiva contra la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF). La medida, vinculada al amparo 1754/2023 presentado por los miembros de la judicatura para proteger sus derechos laborales, está siendo evaluada por Elizabeth Trejo Galán, jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa.
Este revés para el Gobierno federal, que planeaba utilizar los fondos para la reconstrucción de Acapulco tras el huracán ‘Otis’, impide temporalmente la ejecución de este plan. A pesar de la disposición manifestada por la ministra presidenta de la judicatura, Norma Piña, de colaborar en la utilización de estos fondos con fines benéficos, la suspensión definitiva prohíbe su uso por el momento.
La asociación expresó en un comunicado que esta decisión beneficia tanto a sus miembros como a todos los trabajadores del Poder Judicial, ya que detiene la eliminación de los fideicomisos. Sin embargo, esta sentencia deberá confirmarse mientras la jueza toma una decisión definitiva sobre la concesión del amparo. El Gobierno federal aún conserva la posibilidad de presentar un recurso de reclamación, dejando la resolución final en manos de un Tribunal Colegiado o incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En términos prácticos, Trejo Galán estableció que, por el momento, no se pueden extinguir los fideicomisos, y la Tesorería de la Federación no puede absorber los recursos remanentes. El proceso debe detenerse por completo para permitir el uso regular de los fondos.
“La suspensión, ahora en definitiva, se concedió respecto a la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado que guardan”.
La prohibición de disponer de los 15 mil 800 millones de pesos de los extintos fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Acapulco, dictaminada anteriormente por Elizabeth Trejo Galán, sigue vigente. Esta decisión también ordena a los responsables de los fideicomisos evitar cualquier contacto con las autoridades y les prohíbe devolver los recursos depositados a la Tesorería de la Federación. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se ve así frenada en su negociación para destinar estos fondos a la mencionada reconstrucción.
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