El gobierno sigue justificando la desaparición del Fonden porque era un fideicomiso que se usaba para robar y realizar fraudes.
Fenómenos naturales extremos
Resultado del cambio climático, los fenómenos naturales extremos se han incrementado en los últimos 50 años y a su paso han dejado cuantiosos daños en viviendas, infraestructura pública y pérdida de vidas humanas. Países en desarrollo como México son los más afectados.
De acuerdo con el estudio “Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México 2020”, el Centro Nacional de Prevención de Riesgo, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana coinciden en que ha sido el año con el mayor registro de desasstres ocurridos en el país.
“El monto de los daños y pérdidas, considerando del año 2000 al 2020, representa la octava mayor cifra con 31 mil 862 millones de pesos, esto refleja un incremento de más de 202 por ciento con respecto al año anterior y equivale a 0.14 por ciento del PIB de 2020.”
2021 se continúo complicando el panorama
Este año el principal reto no han sido el número de fenómenos meteorológicos que se han manifestado en México sino que los recursos y programas para atender dichos sucesos no sólo se han visto mermados, sino que han desaparecido por instrucciones del gobierno federal.
Como lo fue el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), fideicomiso destinado a atender estas eventualidades y el cual fue disuelto por la actual administración. Ahora, a pesar de que en el proyecto de Presupuesto 2022 se destinó una partida de poco más de 9 mil millones de pesos para este rubro, al no existir un programa específico y eliminar las reglas que condicionaban su uso, se complica la administración de estos recursos.
“Para 2022 se proyectan transferencias en el Ramo 23 por 9 mil 054 millones de pesos para el “Fonden”. Aunque así se clasifican, sabemos que no irán a este fondo ya disuelto: simplemente están ahí para reaccionar, en teoría, ante un desastre, sin reglas de operación o un esquema previsto de cómo y cuándo se van a asignar los recursos”, explica la organización en su estudio “Fondo contra desastres: una política más que viaja al pasado”
México Evalúa
Negociación en el Congreso
Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional, indicó que en las negociaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación se buscará que se asignen mayores fondos para atender las emergencias que han ocasionado los desastres naturales tanto para el Fonden como Fopreden.
Es un hecho que haber desaparecido de un programa bajo sospechas de corrupción no es la vía adecuada. Hay estados que han padecido no contar con recursos para prevención y atención, como lo ocurrido en el estado de Hidalgo con el desbordamiento del río Tula.
“Tiene que ver con la infraestructura y con el restablecimiento de las viviendas de las personas afectadas, con las vías de comunicación y las obras necesarias para que no se vuelva a registrar, como en el caso de Tula, una inundación, donde se requiere, de entrada, el ensanchamiento del río y otras obras de infraestructura hidráulica.”
Gobierno Federal promete solución
Por su parte, el Gobierno federal prometió cubrir las emergencias con el presupuesto, una solución que México Evalúa cuestiona, ya que no hay mecanismos de ahorro y la disponibilidad de recursos dependerá de que el programa presupuestario tenga dinero suficiente para el año en que se necesita.
“En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2022, la Secretaría de Hacienda destaca que para cubrir la desaparición del Fonden se contará con un seguro y bonos catastróficos para atender desastres, como si fueran la solución definitiva, sin embargo son instrumentos que no compensan al extinto fideicomiso.”
La Secretaría de Hacienda plantea que para sustituir al Fondo de Desastres Naturales para 2022 se genere un seguro de daños (Seguro Catastrófico), cuya vigencia será del 5 de julio de 2021 al 5 de julio de 2022, y ofrece una cobertura hasta por 5 mil millones de pesos, la cual se activa ante desastres naturales que superen un nivel mínimo de daños de 275 millones de pesos y un acumulable de 750 millones de pesos.
Con información de Reporte Índigo.
