El presidente acusó que el rechazo a esa obra está motivado por el dinero y por ello han aumentado los amparos, ¿es cierto?
Diversas asociaciones ambientales
Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que los amparos promovidos contra el Tramo 5 del Tren Maya, que correrá de Cancún a Tulum, fueron impulsados por particulares que ven amenazados sus intereses económicos, lo cierto es que organizaciones de amplia labor como Greenpeace y el Centro para la Biodiversidad Biológica recurrieron a la justicia para impedir la destrucción del ecosistema.
Las acusaciones del mandatario se enmarcan en las suspensiones provisionales emitidas por un juez al tramo en construcción, debido a que las autoridades no presentaron los estudios de impacto ambiental correspondientes para la sección más riesgosa. Esta abarca 121 kilómetros de un hábitat clave para especies amenazadas como el pez ciego, felinos y primates, así como los flujos subterráneos del acuífero de la Península de Yucatán.
Con este, se suma otro amparo otorgado sobre el particular. Uno fue presentado el jueves 24 de marzo ante el Juzgado Noveno de Distrito por el DMAS por un grupo de espeleólogos y buzos que residen en Playa del Carmen. Mientras que el 27 de abril, Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica recurrieron ante el segundo juzgado de distrito de Quintana Roo.
“Con el Acuerdo Presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impacto ambiental, se están violando los derechos a la información, a la participación pública en materia ambiental, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución, y lo estipulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)”.
Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
Será hasta el 13 de mayo cuando se decida si concede o no la suspensión definitiva a la construcción.
Amparos hechos por particulares
Además de estas organizaciones, particulares identificados como J.G.U.B., G.D.M. y V.F.D. presentaron un recurso el pasado 30 de marzo. Anteriormente, el 23 de marzo, K.T.R.G., B.C.V.R. e I.J.K.P. llevaron a cabo el mismo trámite. Para ambas se otorgó una suspensión a las obras bajo la justificación de “no haber sido evaluadas en material de impacto ambiental, ni autorización en materia forestal”.
“Por lo que las autoridades no cumplieron con su obligación de evaluar los posibles impactos ambientales y promover la participación ciudadana en materia ambiental; que ha existido omisión de programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de impacto ambiental, así como el establecimiento de medidas y sanciones”.
En tanto, Antonella Vázquez Cavedón, representante de “Derecho a un Medio Ambiente”, presentó otra demanda el 5 de abril que aún se encuentra el trámite.
“Quieren sacar raja”
Por su parte, en conferencia desde Quintana Roo este viernes, AMLO reiteró que estos recursos legales contra el Tramo 5 provienen tanto de particulares que defienden sus intereses monetarios, como del bloque conservador que continúan oponiéndose a la transformación que lleva a cabo su gobierno.
“Estos amparos no son de ejidatarios, ni de pequeños propietarios, no hay pobladores que están amparados, no dieron su anuencia (porque) son de organizaciones, algunas financiadas por empresarios y otras financiadas por el gobierno de EU. […] Están acostumbrados a robar y piensan que porque tenemos el tiempo encima nos van a poner contra la pared, pues no, aunque nos lleve tiempo, los vamos a dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible”.
En este sentid, anunció que se expropiarán los terrenos para el Tramo 3 ubicados en las inmediaciones de Mérida, Yucatán, zona cotizada por inmobiliarias que, dijo, compraron lotes para revenderlos a precios elevados al gobierno.
“Sintieron que iba a llegar el tren y empezaron a comprar tierras a especular, son empresas inmobiliarias, hay incluso casos donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo, ya di la instrucción que donde hay esos abusos pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más”.
