El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha emitido una orden directa a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que divulgue información detallada sobre las sustancias contaminantes en el agua de la Alcaldía Benito Juárez. Esta decisión surge después de que Pemex rechazara inicialmente una solicitud de un ciudadano alegando incompetencia para proporcionar dicha información. Sin embargo, el análisis posterior del INAI refutó esta postura, estableciendo que Pemex es totalmente competente para responder y deberá hacerlo dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles.
Imperativo de transparencia
Julieta del Río Venegas, la comisionada a cargo del caso, argumenta que el acceso a información clara sobre la calidad del agua es un derecho constitucional inalienable. Según del Río, “El acceso al agua es un derecho constitucional y el Estado debe garantizar su buen uso y que esté en buen estado”, destacando la gravedad de la situación, ya que “la salud de miles de personas está en juego”. En una entrevista, del Río criticó la decisión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México de clasificar esta información por tres años, afirmando que “el interés de conocer la información es más fuerte”.
La intervención de Pemex en este asunto se justifica por la contaminación detectada, atribuida a sustancias relacionadas con los aceites y lubricantes, lo que apunta a la empresa estatal. Tras el reconocimiento oficial de la contaminación por parte del Gobierno de Ciudad de México, se iniciaron análisis del agua en colaboración con Sacmex, Conagua y el Instituto Mexicano del Petróleo. La comisionada enfatizó que “Existen indicios, como son las múltiples notas periodísticas y los pronunciamientos de autoridades, que dan cuenta de la competencia que tiene Petróleos Mexicanos” para manejar esta crisis.
A pesar de la clausura del pozo Alfonso XIII en la Alcaldía Álvaro Obregón, señalado como posible origen de la contaminación, y la proximidad de ductos de Pemex a la zona, la empresa ha negado cualquier fuga de sus instalaciones. Sin embargo, más de un mes después de estos anuncios, ni Pemex ni las autoridades han divulgado qué sustancias específicas se encontraron en el agua, aunque análisis independientes han identificado la presencia de hidrocarburos y otras sustancias tóxicas y cancerígenas. A pesar de las afirmaciones oficiales de que el agua ha sido purificada, los residentes continúan reportando problemas de olor y turbiedad.
Demanda ciudadana por información
La lucha por la transparencia se intensifica mientras más de 100 personas han solicitado acceso a esta información crítica a través del INAI y otras plataformas de transparencia. Julieta del Río resalta que “La información solicitada es de interés público y tiene una relevancia social muy importante porque los ciudadanos tienen derecho al agua limpia y libre de contaminantes”. En este contexto, del Río también subrayó la función esencial que juegan los organismos de transparencia en la defensa de los derechos civiles en México, afirmando que “El INAI tiene una utilidad más allá de las obras y los contratos, tiene una utilidad social para defender los derechos de los ciudadanos”.
La situación alcanzó un punto crítico cuando un juez federal otorgó un amparo a un grupo de vecinos, obligando a Sacmex a divulgar públicamente los resultados de más de 4,000 muestras de agua analizadas recientemente. Mientras tanto, la ciudadanía permanece en vilo, a la espera de la divulgación completa y transparente de los detalles que hasta ahora han sido escasamente compartidos por las autoridades. Esta resolución del INAI no solo busca cerrar la brecha de información, sino también fortalecer la confianza pública en la gestión de los recursos esenciales y la responsabilidad gubernamental.
