El Plan B electoral fue publicado en el DOF, ahora inicia el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad en la SCJN.
Plan B se publica en el DOF
Este jueves 2 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Con esta acción, el llamado Plan B electoral impulsado por AMO y Morena entrará en vigor el viernes 3 de marzo. En diciembre de 2022 se aprobó el primer paquete de seis cambios y cuya vigencia arrancó el 28 de ese mes. Los cuales incluyeron la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ambas ya han registrado controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El paquete aprobado el pasado 22 de febrero en el Senado, incluye reformas a 429 artículos de las leyes citadas.
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Se prevé ola de amparos ante la SCJN
Una vez publicadas las reformas, inicia el periodo para promover amparos y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Como lo han advertido partidos de oposición, ciudadanía y el propio INE, se presentará una ola de quejas para que el Plan B sea suspendido.
Especialmente ante el inicio del proceso electoral federal de 2024.
El plazo para interponer los recursos legales es de 30 días naturales a partir de la publicación. Es decir que las y los interesados en echar abajo las reformas tendrán del 2 al 31 de marzo de este año para acudir a la SCJN.
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¿Qué se necesita para que la Corte invalide el Plan B?
El artículo 105 constitucional refiere que para que la SCJN pueda declarar invalidez de una norma o normas impugnadas, se necesita la aprobación por mayoría de cuando menos ocho votos.
Es decir, para que las acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B procedan deben contar con el respaldo de 8 de los 11 ministros y ministras que integran el máximo tribunal del país.
En el análisis del Plan B se deberá debatir punto por punto para invalidar o ratificar cada una de las reformas. Lo cual implica que se deberá tomar en consideración los señalamientos tanto de la oposición, como de la defensa que plantea Morena y el Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, el caso en que no se considerará propaganda la promoción de servidores públicos que no esté etiquetada como tal. Los ministros evaluarán los argumentos que el INE plantea como el riesgo de equidad en los comicios; contrapuesto al argumento de Morena que insiste en el derecho a la libertad de expresión de funcionarios y el derecho a acceso a la información de la ciudadanía.
En suma, se espera un debate álgido que decidirá el destino de la democracia y los procesos electorales de nuestro país.
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