Los constantes ajustes en trayectos de la mega obra en el sur del país están generando grandes costos y retraso en tiempos.
La cuenta sigue aumentando
Los cambios de último momento al proyecto del Tren Maya han provocado un considerable aumento en los costos de obra que al momento ya supera en 43% el presupuesto inicial y que se prevé siga incrementando conforme se realicen más ajustes.
Fonatur informó en octubre de 2021 durante comparecencia ante el Senado, que el costo inicial del proyecto del Tren Maya era de 140 mil millones de pesos, no obstante, la cifra ya ronda los 200 mil millones de pesos. Aunado a ello, la promesa de no tirar “ni un árbol”, expresada por AMLO, los trabajos contemplaron tala de miles de árboles.
Recientemente se reportó el caso en Playa del Carmen en el que perecieron al menos 22 mil árboles del camellón de la Carretera 307, donde se habían comenzado a construir columnas para la obra.
Cambios de mayor derroche
El Tramo 5, que va de Cancún a Tulum implicarán gastos adicionales como la erogación de al menos mil millones de pesos para la compra de terrenos para el nuevo derecho de vía. La expropiación de terrenos no estaba prevista en el proyecto original, por lo que se deberá pagar la indemnización a propietarios.
Así mismo, de último momento se suspendieron las obras a la altura de Playa del Carmen debido a que el Tren ya no pasará por la mancha urbana, a través de un viaducto elevado, sino a ras de tierra en un trazo por definir.
Previamente, se modificó el trazo para que el Tren ya no pase por el centro de Campeche; igualmente tampoco se construirá un segundo piso panorámico a la altura de la Riviera Maya. De hecho, el proyecto inicial contemplaba 15 estaciones, pero a la fecha ya suman 21.
“Los indicadores muestran que el proyecto Tren Maya es socialmente rentable, pues el valor presente de los beneficios derivados del proyecto supera los costos de inversión, operación y mantenimiento del mismo”, indica el “”.
El Análisis Costo-Beneficio del Tren Maya elaborado por el Gobierno federal que concluyó la factibilidad y rentabilidad de la obra, detectó desde el principio riesgos asociados al proyecto, como no poder adquirir la propiedad de terrenos donde no existe vía, aparición de fallas geológicas y hasta disputas entre constructores.
En la misma tónica, se consideró una “gerencia” deficiente del proyecto, errores y omisiones de diseño, insolvencia de licitantes, errores en la ejecución, disponibilidad limitada de insumos e invasiones al derecho de vía.
Auditorías revelan incumplimientos
Al respecto la Secretaría de la Función Pública (SFP), por medio de la auditoría, encontró diversas deficiencias en contratos, como incumplimiento en los plazos, así como obras que resultaron ser un dispendio por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
“Recomendaciones preventivas: los dictámenes técnicos que sustentan los convenios modificatorios previo a su formalización, deben contar con la documentación que funde y motive las causas que los originan y deben describir, especificar y sustentar las causas que conllevan a realizar modificaciones a los alcances de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas”.
En la “Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, del Proyecto Tren Maya”, el Órgano Interno de Control (OIC) del propio Fonatur detectó 13 irregularidades en la Dirección de Desarrollo de la institución ante lo que pidió mayor supervisión en los servicios contratados.
“Se verifique que los servicios que están prestando los contratistas, se apeguen a los principios de austeridad establecidos por el Gobierno federal y en caso de que haya incongruencia, se realicen los ajustes necesarios”.
Órgano Interno de Control (OIC) de Fonatur.
El órgano fiscalizador solicitó que la Dirección de Desarrollo instruya a la Subdirección de Obras a que implemente mecanismos de control para que en la planeación de contratos se tomen en cuenta las modificaciones a los proyectos principales, así como “evitar los rezagos provocados por los diversos cambios de proyecto”. Además de informar si por los errores observados en unos de los convenios, “no se tienen implicaciones jurídicas para el Fonatur, o de ser procedente, se realice el adéndum”.
Entre otras irregularidades, se destaca el pago “innecesario” de 11.9 millones de pesos para retirar hierba de un tramo ferroviario en Campeche misma que, debido a una mala planeación, volvió a crecer sin que se ejecutaran los trabajos. En este mismo caso, Fonatur contrató “trabajos de acondicionamiento” para un tramo de 14 kilómetros de la vía ferroviaria en el estado de Campeche, que consistía en retirar la vegetación de la zona; posteriormente se iban a retirar los rieles para la colocación de la plataforma de la vía del Tren Maya.
No obstante, la auditoría del OIC registró que dichos trabajos culminaron el 26 de mayo de 2020; sin embargo, en una visita realizada al lugar el 21 de julio de 2021, se constató que no habían iniciado la construcción de la plataforma, y la hierba creció de nuevo, además de que el trazo cambió posteriormente.
Ante el despilfarro, se solicitó informes y documentos que justificaran la inacción para el proyecto de acuerdo a lo previsto.
“No se habían realizado los trabajos relativos al retiro de rieles y construcción de la plataforma de la vía del Tren Maya (…) así como las causas por las cuales el trazo del eje del Tren Maya no pasará por los tramos desyerbados, los cuales tuvieron un costo de 11 millones 934 mil 112 de pesos”.
Así mismo, la Dirección de Desarrollo tuvo que cancelar trabajos de rehabilitación en las estaciones Uayma, Felipe Carrillo Puerto y Mactún, en Quintana Roo, debido a “deficiencias en el proyecto ejecutivo que afectan la ejecución de las obras”.
El contrato por estos trabajos, que no se llevaron a cabo, ascendía a 15 millones dos mil 31 pesos. Del cual no se presentaron documentos que respaldaran la decisión.
Inai ordena justificar decreto sobre megaproyectos
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República dar a conocer las notas, análisis, borradores, estudios, así como opiniones legales emitidas para la elaboración del Acuerdo por el que se declaran como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 10 de diciembre pasado, el Inai interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del mencionado acuerdo por considerar que establecía una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos. Esta fue admitida a trámite el 14 de diciembre, “por lo que se concedió la suspensión para los efectos de la reserva de la información”.
La SCJN consideró procedente conceder al Instituto la suspensión de los efectos que solicitó para que la Administración Pública Federal no clasifique de forma generalizada la información relacionada con dichas obras o proyectos.
Se sabe que una persona inconforme solicitó una revisión, debido a que la Oficina de la Presidencia se declaró incompetente para conocer la información. Sin embargo, la comisionada determinó que la Oficina de la Presidencia sí es competente para conocer la información solicitada.
