El Día Internacional de los Pueblos Indígenas y los megaproyectos de la 4T

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Aunque el presidente López Obrador ha reconocido la riqueza cultural y la enorme importancia de los pueblos indígenas, su discurso no deja de ser paternalista y mantiene proyectos como el Tren Maya, a pesar de las protestas de estas poblaciones en contra.

Existe una gran deuda histórica

Tras la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que le recuerda al mundo el respeto a los derechos de estas comunidades, tanto colectivos, como culturales e identitarios, enfocados al respeto de sus instituciones, cultura y tradiciones, como aquellos relacionados con el acceso a la alimentación, la educación, la salud, el empleo y una vida digna para combatir las brechas de desigualdad y la gran deuda histórica de todas las naciones con sus pueblos originarios, pues las poblaciones indígenas son las que viven mayores niveles de rezago, pobreza, desnutrición y desigualdad. En el marco de la exigencia de todos estos derechos, uno de los grandes objetivos de la Declaración es erradicar todo tipo de discriminación y el racismo que viven desde hace siglos.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en México hay 23.2 millones de personas (uno de cada cinco mexicanos) que se consideran a sí mismas indígenas, aunque 16.1 millones de ellas no hablan alguna de las 68 lenguas que existen a lo largo del país. Los otros 7.1 millones son hablantes de una lengua indígena de tres años en adelante (6.1% de la población total) principalmente de náhuatl, maya, tseltal, tsotsil, mixteco y zapoteco, y están distribuidos principalmente en Oaxaca (31.2%), Chiapas (282%) y Yucatán (23.7%).

Las contradicciones del presidente

Aunque en México, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador muestra una cercanía y respeto por las poblaciones indígenas, al grado de casi establecer que toda la cultura nacional está relacionada exclusivamente con ellos, más allá de todas las demás expresiones artísticas que existen en el país. Ha pedido también a la monarquía española pedir perdón a nuestros pueblos originarios por la masacre que sufrieron durante la Conquista y se expresa ante ante los indígenas mexicanos con sumo respeto, por lo que se muestra como un presidente más sensible a sus peticiones, costumbres y necesidades.

López Obrador ha asumido una postura paternalista con los indígenas mexicanos, incrementando programas y asistencia social, pero no duda en continuar con sus megaproyectos, sin importar si afectan a estas poblaciones, su libre determinación y autonomía, ni detenerse a escuchar sus peticiones o necesidades.

El caso del Tren Maya evidencia que el diseño de las políticas públicas que afectan a los pueblos indígenas no surgen de un proceso de colaboración simétrica en el que medie previamente un análisis conjunto de las mejores soluciones posibles a los problemas de los pueblos indígenas. Los diseños y las propuestas se siguen aplicando verticalmente a pesar de que el nombre del tren sugiera lo contrario.

Así, los pueblos mayas que sufren afectaciones por el proyecto fueron consultados, pero sin los estándares de la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así ocurre también con la termoeléctrica de Morelos, a la que decía oponerse en 2014, pero que ahora mantiene en pie.

En un discurso en Morelos en 2014, López Obrador expresó su oposición a la construcción de la termoeléctrica, pero en un giro inesperado y sorpresivo para los pueblos en resistencia, ya estando en funciones, siguió adelante con el proyecto. A quienes se oponen y resisten a estas obras, entre ellos estaba el activista Samir Flores que fue asesinado en 2019, el presidente los ha llamado contrariamente conservadores radicales de izquierda. Una vez más, en este caso, la consulta a los pueblos no ha cubierto los estándares necesarios a los que el gobierno mexicano está obligado.

Con información de Naciones Unidas y Nacla

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