Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles que existe la infracción por la difusión de propaganda gubernamental en periodo electoral, esto, por la transmisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 9 de abril.
En la sesión se confirmó dar vista al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia, para que determine la sanción al Coordinador General de Comunicación Social y Vocería de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas y al titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), Erwin Sigrid Frederick Neumaier de Hoyos, a quienes se les señaló de haber cometido la falta
El pasado 19 de abril, Teresa Guadalupe Vale Castilla presentó una queja por la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido durante dicha conferencia, referente a logros del gobierno, dentro del proceso de campaña del proceso electoral federal 2020-2021, así como dentro del periodo de campañas en diversas entidades federativas.
“Gané en el Tribunal Electoral. Estoy muy contenta. Era lo justo. Tribunal Electoral ordena sancionar a vocero de Presidencia y al titular de Cepropie por difusión de mañanera en campaña”, dijo en su cuenta de Twitter.
Erwin Sigfrid Frederick Neumaier de Hoyos, en su carácter de director del Cepropie; Jesús Ramírez Cuevas, como Coordinador General de Comunicación Social y Vocería, así como Edgar Armando Aguirre González, en representación de la presidencia de la República, promovieron el 2 de junio recursos de revisión del procedimiento especial sancionador.
Al analizar a fondo el caso, las y los magistrados confirmaron por ello la responsabilidad del Cepropie pues tenía la obligación de que el contenido se ajustara al marco normativo constitucional y legal, así como a las restricciones que existen respecto de la difusión de propaganda gubernamental en periodo de campaña, mientras que el área de Jesús Ramírez Cuevas se encargó de la logística para llevar a cabo la conferencia y tenía la obligación de revisar y verificar que la información que se iba a difundir en las plataformas de redes sociales de la Presidencia no tuviera propaganda gubernamental prohibida, lo cual no sucedió.
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