Autor: Enrique Quintana
Menuda sorpresa se llevó el gobierno mexicano, cuando el viernes pasado conocimos la legislación de implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
En el documento enviado por el Comité de Medios y Arbitrios al Congreso norteamericano se incluyeron cinco ‘agregados laborales’ (attachés) que son empleados del Departamento del Trabajo y que desarrollarán su actividad en México.
De acuerdo a los mecanismos del Congreso en EU, el tratado fue vertido en una Ley de Implementación que incluye los compromisos adquiridos, así como necesidades presupuestales derivadas del tratado y el rediseño de algunas instituciones.
Es en esta legislación donde se establece la existencia de esos cinco agregados diplomáticos laborales de Estados Unidos en México, lo que provocó un rechazo directo del gobierno mexicano a través del subsecretario Seade.
De acuerdo con lo dicho el día de ayer por Seade, México no aceptará el nombramiento de estos agregados laborales, cuya función no está clara y eventualmente podría tratarse de inspectores disfrazados, lo que está prohibido por la legislación mexicana.
Claramente, la inclusión de esta figura, al margen de lo negociado, es un recurso usado por la mayoría demócrata para dar gusto a los duros dentro del Congreso que buscaban ir más allá en cuanto a las obligaciones de México en materia laboral.
Desde el viernes pasado quedó claro que nuestro país no aceptará esa figura y se anunció que Seade presentará directamente su rechazo en Washington.
No está suficientemente claro si este rechazo pone en riesgo al tratado mismo. Sin embargo, lo que sí queda claro es que no está dentro del documento que fue negociado y que ya fue aprobado por el Senado mexicano la semana pasada.
Pareciera ser el intento de los demócratas de ‘meter un gol’ y satisfacer las exigencias de los duros que no quedaron satisfechos con los términos finalmente negociados.
La posición mexicana ha sido perfectamente clara en el sentido de rechazar la designación de estos agregados laborales en la embajada de Estados Unidos en México.
Lo ha expresado claramente el gobierno y el sector privado ha respaldado este rechazo.
No sabemos si ello pueda poner en riesgo la aprobación del documento en el Congreso de Estados Unidos.
Lo que sí está claro es que no fue algo que fuera otorgado por México en la negociación.
Claramente, se trata de una concesión del gobierno de Trump a los duros del Congreso para conseguir el respaldo demócrata al tratado.
En caso de que el Congreso norteamericano no acepte modificar esta parte de la legislación de implementación, tampoco está claro si esto pondría en riesgo nuevamente todo el documento.
Lo que sí es obvio es que la inclusión de esa figura vuelve a poner en el tapete la negociación, generando nuevamente incertidumbre.
No está claro cómo se pueda resolver el diferendo, pues el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes ya introdujo la legislación el viernes pasado, incluyendo la figura de esos ‘agregados laborales’, que trabajarán en México pero reportarán al Departamento del Trabajo del gobierno de EU.
Veremos cómo se puede arreglar este entuerto de última hora.
Si se pensaba que la negociación ya había terminado, todo indica que tendrá que ser reabierta. El Congreso de EU nos metió un gol y ahora hay que argumentar que estaba en fuera de lugar y que tiene que ser anulado.
