El debate sobre el gasto público y los ingresos en México ha tomado un protagonismo significativo en medio de la discusión sobre el presupuesto para el año 2024. Demetrio Sodi, reconocido analista político y económico, argumenta que el gasto público propuesto para el siguiente año, que asciende a nueve billones de pesos, puede parecer elevado a simple vista, pero cobra un matiz diferente cuando se observa en el contexto del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para ese año y se compara con otros países. Según el análisis de Sodi, el problema no radica tanto en un gasto excesivo, sino en ingresos públicos insuficientes, lo que lleva al gobierno a recurrir al endeudamiento como solución.
Para respaldar su afirmación, Sodi señala que México tiene uno de los niveles más bajos de ingresos públicos en relación con el tamaño de su economía en el mundo. El gasto público de nueve billones de pesos representa aproximadamente el 26% del PIB estimado para 2024, pero si se excluyen los gastos de empresas estatales como Pemex y la CFE, la cifra cae a 8 billones, equivalente al 23.5% del PIB. Esta comparación coloca a México por debajo de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como Chile, Colombia, Costa Rica y Brasil.
México tiene un gasto social bajo
La disparidad es aún más evidente cuando se compara el gasto social. Sodi destaca que México presume de un bajo gasto social en relación con su PIB, representando tan solo el 7.5%. En contraste, el promedio de la OCDE es del 20.1%, con países como Francia, España y Alemania superando el 25%. Esto, según Sodi, tiene un impacto directo en la calidad de los servicios públicos, la educación, la salud y la seguridad en México.
“Es frecuente escuchar la queja de que que no tenemos los servicios públicos, la salud y educación que tiene los países desarrollados, la respuesta es obvia, el gobierno de México nunca podrá ofrecer educación, salud, servicios públicos de calidad e inclusive seguridad y acceso universal a la justicia, mientras no aumentemos los ingresos y el gasto público”, señala Demetrio.
“El gasto del gobierno no alcanza para garantizar los derechos sociales a toda la población porque los ingresos públicos son muy bajos, 23.5% del PIB, mientras Chile 26.8, Colombia 40.5, Costa Rica 39.0, Brasil 58.3, Francia 53.4, Alemania 46.9, España 42.9 y EU 32.8 por ciento”, continúa.
Hace falta una reforma fiscal
Sodi critica la falta de una reforma fiscal significativa durante el mandato del presidente López Obrador, quien inicialmente argumentó que la eliminación de la corrupción podría financiar programas sociales y proyectos de gobierno. Sin embargo, Sodi señala que la corrupción persiste, y el gobierno ha financiado sus iniciativas mediante recursos acumulados en fondos y fideicomisos, así como con un endeudamiento que alcanzaría 6.2 billones de pesos durante el sexenio.
“López Obrador dijo que no era necesaria una reforma fiscal con el cuento de que eliminando la corrupción se podían financiar sus programas sociales y sus grandes proyectos, la realidad ha sido otra, la corrupción sigue igual y financió sus programas y grandes proyectos, usando los recursos acumulados durante varios años en fondos y fideicomisos, bajando el sueldo y las prestaciones a los funcionarios públicos, con un programa de austeridad que paralizó al gobierno y sobretodo, con un endeudamiento que va a llegar a 6.2 billones de pesos durante el sexenio”, explica.
Se puede aumentar los ingresos públicos sin aumentar impuestos
El analista argumenta que México tiene oportunidades para aumentar los ingresos públicos sin necesidad de aumentar los impuestos. Propone la formalización de la economía y el empleo informal, la bancarización para reducir los pagos en efectivo y combatir la evasión y el lavado de dinero. Sin embargo, Sodi sostiene que falta la voluntad política y la responsabilidad para abordar estas cuestiones de manera efectiva.
En un año electoral, donde los candidatos compiten por ofrecer más programas sociales y beneficios, Sodi llama la atención sobre la necesidad de considerar una reforma fiscal como una vía para financiar proyectos de desarrollo sostenible en el futuro.
“Cada 6 años las elecciones se convierten en una competencia para ver quién ofrece más, Claudia Sheinbaum habló ya de aumentar los programas sociales y Xóchitl Gálvez en bajar la edad a 60 años en la pensión para adultos mayores de comunidades indígenas, pero ninguna de las dos se atreve a hablar de una reforma fiscal para poder financiar en el futuro los programas sociales y las inversiones que se requieren para el desarrollo del país”, finalizó Sodi.
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Con información de El Economista.
