Al resolver 491 quejas y procedimientos administrativos sancionadores, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sanciones por un monto global de 129.8 millones de pesos a los partidos políticos y sus candidaturas por diversas conductas indebidas en materia de fiscalización, de los cuales 40.9 millones de pesos se impusieron al Verde Ecologista de México y más de 83 millones de pesos a Movimiento Ciudadano.
Asimismo, de forma global, se registraron multas por mil 203 millones de pesos ante las diversas irregularidades detectadas de acuerdo con la siguiente tabla:
El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó con la fiscalización del Proceso Electoral Federal y los 32 Locales concurrentes 2020-2021 al aprobar los dictámenes respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes.
En sesión extraordinaria, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, subrayó que nunca en la historia de la democracia mexicana se habían fiscalizado tantas campañas, de las cuales derivan diversas sanciones.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela Herrera, señaló que se analizaron 491 proyectos de quejas y procedimientos administrativos sancionadores, 319 fueron infundados, 53 desechados, 24 sobreseídos, cuatro parcialmente infundados-sobreseídos; 55 parcialmente fundados y 43 fundados al acreditarse que los partidos políticos no reportaron los gastos, imponiéndose en cada caso la sanción correspondiente.
Por otro lado, sobre irregularidades en general, el INE informó que se llevó a cabo la revisión y fiscalización de 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos.
También se revisaron aleatoriamente 1 millón 406 mil 126 eventos proselitistas; 754 mil 910 registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias, además de que se atendieron 748 quejas vinculadas con las campañas.
Sanción a MC por 83.7 millones de pesos y su candidato a gobernador Samuel García
Entre las quejas que se analizaron, la autoridad electoral impuso sanciones por más de 83 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, así como al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por 448 mil 996 pesos.
En un primer caso, el Consejo General del INE determinó que hubo aportaciones en especie a través de publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez Cantú (esposa del entonces candidato), estimadas en 27 millones 800 mil pesos.
Y en el segundo, acreditó que la campaña del abanderado de Movimiento Ciudadano recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley, aportaciones de empresas a través de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda.
La sanción a Movimiento Ciudadano es de 55 millones 720 mil pesos y al hoy gobernador Samuel García de 448 mil 996 pesos y por las aportaciones en efectivo de sus familiares se impone al partido una multa de 28.05 millones de pesos que representan el 200 por ciento del monto involucrado.
Publicaciones de Mariana Rodríguez son aportaciones de ente prohibido
La Consejera Favela precisó que, en el caso de Mariana Rodríguez, esposa del candidato, además de influencer, tiene la calidad de persona con actividad empresarial, su nombre está registrado como “marca” y comercializa sus historias en Instagram, con lo que está impedida de realizar aportaciones a la campaña “en dinero y en especie”.
Agregó que se consideró que 1,300 publicaciones y 40 fotografías en Instagram generaron beneficio al candidato, haciendo llamados al voto en su favor, promovió y abanderó propuestas de gobierno, además de que “hizo suya la campaña”, lo que generó una situación contraria a la espontaneidad en las redes sociales que no puede estar amparada por la libre expresión.
En el caso de la triangulación de recursos, “se acreditó una estrategia financiera que involucró a tres personas morales, a los familiares del candidato y al partido Movimiento Ciudadano con la finalidad de triangular recursos para que a través de testaferros pudieran realizarse aportaciones personales con recursos que provenían de entes prohibidos por la legislación electoral”, agregó Favela.
La Consejera agradeció la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV) y de Valores, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la disposición de brindar la información esencial para dilucidar la presente controversia.
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, se refirió al caso de las publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez en favor de Samuel García y precisó que el objeto de la discusión es si se trata o no de una aportación en especie que debía reportarse y si proviene de un ente prohibido por la legislación electoral, “no si hay una relación de parentesco, afectiva o de solidaridad entre las dos personas”.
Incumplen partidos con destinar el 40% del financiamiento público a sus candidatas mujeres
La Consejera Carla Humphrey subrayó la omisión de los partidos para destinar el 40% de sus recursos públicos a las candidaturas de mujeres a nivel local, ya que sólo en cuatro entidades se cumplió el requisito.
Frente a ello externó su rechazo al criterio de sanción por esta falta, que va de la amonestación pública hasta el 150% del monto que no se destinó, ya que el principio constitucional de paridad no admite graduaciones.
La Consejera Norma De la Cruz añadió que esta sanción no es suficiente para inhibir la conducta e incentiva a los partidos a no cumplir con el financiamiento establecido del 40% para mujeres.
Por ello, estimó que la sanción no contribuye a combatir o erradicar la violencia política en razón de género y resulta incongruente con el espíritu del acuerdo, por lo que llamó a ser firmes e imponer una sanción contundente ante la vulneración del principio de paridad.
De igual forma, De la Cruz evidenció la necesidad de aumentar la sanción relacionada con la persistencia de partidos y coaliciones de contratar bienes y servicios con proveedores que no están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores que permitan dar certeza de la legalidad de todas las operaciones.
