El presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado una guerra abierta contra el Poder Judicial de la Federación (PJF) al solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una explicación sobre los supuestos salarios más altos que reciben los ministros y ministras en comparación con el titular del Ejecutivo.
Esta solicitud, realizada por la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, marca el comienzo de una ofensiva contra la SCJN por haber rechazado el Plan B de Reforma Electoral y la reforma que buscaba transferir el control de la Guardia Nacional al Ejército. También se dirige al Consejo de la Judicatura Federal, cuya presidencia está a cargo de la ministra Norma Piña y que reúne a jueces y magistrados de todo el país.
De acuerdo con la columna “4T ‘asfixiará’ al Poder Judicial con sueldos y fideicomisos”, publicada por el periodista Mario Maldonado en periódico El Universal, el gobierno federal y los legisladores de Morena han encontrado en los altos salarios y privilegios de los ministros, jueces y magistrados el punto de partida para justificar una reducción del presupuesto asignado al PJF el próximo año. Para 2023, se aprobó un presupuesto total de 78.5 mil millones de pesos, pero se prevé un drástico recorte para 2024.
El columnista señala que la Secretaría de Hacienda ya está preparando una revisión exhaustiva de la gestión de la ministra Norma Piña al frente del Consejo de la Judicatura Federal. En esta revisión, se señala que no difiere significativamente de la de sus predecesores en términos presupuestarios y financieros. Se argumenta que se continúa asignando recursos considerables al gasto corriente, prestaciones laborales y modernizaciones o ampliaciones de los organismos encargados de impartir justicia. Al mismo tiempo, se ha acumulado una bolsa de recursos cercana a los 21 mil millones de pesos en fideicomisos destinados a estos fines.
De acuerdo con Mario Maldonado, en el Palacio Nacional, se está evaluando la posibilidad de extinguir dichos fideicomisos de la misma manera que se hizo en 2020, mediante un decreto que transfirió 109 fondos públicos a la Tesorería de la Federación.
Estas acciones del gobierno federal y su partido político, Morena, han generado preocupación y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad y de la oposición. Se argumenta que la intención de asfixiar financieramente al Poder Judicial podría afectar su independencia y poner en riesgo la separación de poderes, uno de los pilares fundamentales de la democracia.
El debate sobre la autonomía del Poder Judicial, los salarios de los ministros y las decisiones de la SCJN continuará siendo relevante en el panorama político y jurídico del país. Las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial reflejan los desafíos actuales que enfrenta la consolidación democrática en México.
