Aunque Lorenzo Córdova ha señalado que no es suficiente, la SCJN determinó que el INE deberá usar el presupuesto que se le asignó para 2022 para hacer la consulta sobre la revocación de mandato.
La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, debido a que se le recortaron 4.9 mil millones de pesos de lo que había solicitado.
No obstante, el ministro Fernando Franco González determinó que el Instituto deberá llevar a cabo la consulta de revocación de mandato y para ello tendrá que ajustarse al presupuesto que fue asignado por el Congreso de la Unión para 2022, pues, de no hacerlo, el órgano electoral caería en responsabilidades penales. No obstante, la Corte sí aprobó que los funcionarios del INE mantengan sus salarios.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato”, informó.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, ha señalado que la operación del organismo autónomo está en riesgo, ya que necesita 3.8 mil millones de pesos, un recorte que representa más de la cuarta parte de su presupuesto operativo. Además, ha señalado que es el cuarto año al hilo que hay una disminución de los recursos al Instituto “sin presentar evidencia técnica o financiera que explique los recortes”. En este contexto, el 10 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó un ajuste al presupuesto para la revocación de mandato, que ahora se reducirá casi en un 50%, al quedar en de 1.27 millones de pesos.
“Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el Presupuesto de Egresos para 2022″, ha señalado Córdova.
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