Lorenzo Córdova advirtió que el proceso electoral del 2024 y la autonomía del INE están en riesgo con el Plan B.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que los cambios aprobados en el Congreso contenidos en el Plan B de reforma electoral son inconstitucionales.
En entrevista para El Universal, Córdova manifestó que el proceso electoral federal de 2024 estaría en riesgo debido a las modificaciones que fueron aprobadas por una mayoría que hace lo que ordena el Presidente del país.
“Sí, están en riesgo de que se hagan conforme a lo que se han venido haciendo en términos de su certidumbre. […] Es una ley tan mal hecha, tan poco pensada, hecha no con inteligencia y con datos, sino con posturas dogmáticas y odio. Que lejos de ser una reforma que mejora el sistema electoral, por primera vez en 30 años, lo pone en un grave riesgo“.
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Córdova Vianello concluirá su periodo al frente del Instituto el 4 de abril de 2023 y entre sus planes está ingresar como catedrático a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como seguir con la defensa del INE ante irresponsabilidades como la del Poder Legislativo.
El proceso legislativo, sostiene, se realizó sin ningún tipo de análisis ni diagnóstico, solo ha tenido como dogma abaratar los costos de las elecciones, pero sin que quede claro cuánto es lo que en realidad pretenden ahorrar. Indicó que ni AMLO ni el secretario de Gobernación se ponen de acuerdo en sus declaraciones.
“En la iniciativa se habla de los ahorros, pero no hay un diagnóstico que lleve a los legisladores a definir que esa es su razón fundamental en cuánto se va a traducir”.
De acuerdo con su interpretación, la reforma viola la autonomía del INE en tres cuestiones fundamentales. La primera, relativa a la remoción del Secretario Ejecutivo del INE, figura sustentada en la Constitución. El único que puede pedir su renuncia en el Consejo General.
En segundo lugar, se trasgreden las decisiones presupuestales del INE al desaparecer fideicomisos sin tener en cuenta que ese dinero no se podrá destinar a donde la reforma lo plantea. Y tercero, que el gobierno vuelva a tener decisión en la organización de las elecciones, lo que llama una “gravísima regresión”.
“Por primera vez en 30 años, al hacer una operación no producto de una cirugía con bisturí, sino con una operación hecha con dinamita y a machete, al recortar arbitraria y sin ningún fundamento, sin ningún diagnóstico, sin ningún análisis de las consecuencias a la estructura del INE, por primera vez se pone en grave riesgo la operación de las elecciones. En 30 años nunca habíamos tenido un problema de que las elecciones pudieran no llevarse a cabo; hoy por primera vez estamos frente a ese escenario de aprobarse esta insensata reforma“.
Respecto a permitir la promoción de funcionarios públicos y opinar bien o mal de candidatos o partidos en los procesos electorales, dijo que se dinamita la equidad de la contienda.
De igual forma plantea una incongruencia, ya que “¿A quién le vamos a hacer caso? A una ley que les permite a los funcionarios hacer lo que hoy está prohibido o a la Constitución que sigue prohibiéndolo. Es decir, si aplicamos la ley, violamos la Constitución y si aplicamos la Constitución, que está por arriba de la ley, tendrá que desaplicarse”.
Por lo tanto, rescata el funcionario electoral, la reforma refleja los intereses del poder al permitirles a los servidores hacer lo que tienen prohibido hacer, poner en riesgo las elecciones y dejar que quien hoy tenga el poder lo siga manteniendo.
“No es una reforma democrática en sus propósitos, sino que además de mal hecha, es profundamente mal intencionada porque no genera condiciones ni garantías para el ejercicio de los derechos políticos, todo lo contrario”.
En su criterio, la reforma o el Plan B nacieron bajo una impugnación generalizada por otras fuerzas políticas, por los propios órganos electorales y también por la ciudadanía que ve afectados sus derechos políticos.
“Por lo tanto, es una reforma que va a acabar decidiéndose “No”, y no por el consenso político, sino por las decisiones de los jueces, es decir, de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y quién sabe si se presentan amparos hasta de los jueces”.
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Con información de El Universal.
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