Además de bajos salarios y nulas prestaciones, los jornaleros en San Quintín son víctimas de enganchadores que precarizan más su situación.
¿Qué es el esquema “Saliendo y pagando” que aplican a jornaleros?
No es un secreto que las empresas y ranchos agrícolas en San Quintín, Baja California, han sido señalados por explotación laboral y violación a los derechos de trabajadores jornaleros. No obstante, en la cadena de abusos tienen un papel fundamental los “enganchadores”.
Estos mediadores son quienes hacen tratos con los mayordomos para vender mano de obra barata de jornaleros que llegan de distintas entidades del país. Son quienes negocian el pago a grupos de 30 y 40 personas, pero sin contrato, prestaciones de ley ni seguridad social.
Los enganchadores cobran comisiones por conseguir trabajadores, lo que puede considerarse una modalidad de outsourcing o subcontratación que es avalada por patrones y agroindustrias. Misma que en esa región se conoce como “saliendo y pagando”.
El 80% de las empresas y ranchos lo usan en temporadas altas. Mientras que en un periodo normal se aplica a un tercio de los trabajadores.
La subcontratación quita responsabilidad al patrón
El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) denuncia que la reforma sobre la subcontratación no es aplicada en San Quintín.
El SINDJA tiene siete años y está en fase de afiliación para buscar titularidad de contratos colectivos. Uno de sus objetivos es precisamente cancelar la práctica “saliendo y pagando”, ya que elimina todos los derechos del trabajador y quita responsabilidad al patrón.
Abelina Rodríguez, dirigente, señala que hay reportes de abusos; sin embargo, las denuncias son muy pocas debido al miedo de las represalias que puedan tomar los mayordomos. Entre ellas no volver a ser contratados, descansos obligatorios, castigos y despidos injustificados.
Sanciones aplicadas también cuando detectan algún tipo de organización, porque no hay “libertad sindical”.
Secretario del Trabajo estatal admite conocer los abusos
Alejandro Arregui, secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, admite que las denuncias de San Quintín son recurrentes. Las principales, la falta de registro ante los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como el pago en efectivo.
El pago en efectivo, dijo, busca erradicarse porque se opera al margen de la ley mediante concientización hacia patrones y también con jornaleros para que no sean parte de esa práctica.
Indicó que ya trabaja para concretar firma de convenios con los gobiernos de donde salen los jornaleros para que los envíen con la garantía de que contarán con prestaciones y así evitar que sean cooptados por enganchadores.
También te puede interesar: Tus ganancias personales no deben depender del atropello de los derechos de otros: TerrorRestaurantesMX, la cuenta que denuncia la precarización laboral
Con información de La Jornada.
