Proyecto de Datos Sobre Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés), presenta informe sobre violencia política
Un informe reciente desafía la percepción común de la violencia política en México como una consecuencia exclusiva del crimen organizado, al destacar las disputas políticas y las dinámicas de poder que contribuyen a la violencia generalizada. A medida que avanzamos en el año 2023, se evidencia un panorama preocupante de violencia contra funcionarios públicos locales en el país que podría tener consecuencias en el proceso electoral federal del próximo año.
Según datos recopilados por ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), entre enero y mayo de 2023 se registraron más de 100 eventos violentos contra funcionarios locales, lo que representa un aumento del 32% en comparación con el mismo período del año anterior. Aunque las elecciones locales se llevaron a cabo el 4 de junio en los estados de Coahuila y México, la mayoría de los incidentes violentos tuvieron lugar en los estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Puebla.
De acuerdo con la organización no gubernamental que se especializa en la recopilación, el análisis y el mapeo de crisis de datos desagregados de conflictos, las tensiones y los riesgos de violencia podrían intensificarse aún más de cara a las próximas elecciones generales programadas para junio de 2024. Los funcionarios y candidatos locales enfrentan un riesgo especial, ya que la competencia por asegurar un escaño electoral puede exacerbar estas amenazas.
La adopción de reformas al Instituto Nacional Electoral (INE) podría crear un terreno propicio para el descontento y los conflictos electorales en relación con los resultados de las votaciones. La reforma, aprobada en febrero de 2023, incluye disposiciones para recortes presupuestarios y de personal que se espera que reduzcan la capacidad de supervisión y arbitraje del INE.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado esta reforma y ha criticado abiertamente a la institución, acusándola de parcialidad y de no abordar denuncias previas de fraude electoral en los comicios en los que ha participado. Estas críticas podrían socavar aún más la legitimidad del INE como recurso institucional en caso de conflictos electorales.
Las elecciones exacerban violencia en México
Los años 2018 y 2021 destacan como los momentos de mayor violencia, coincidiendo con las elecciones generales de México y las elecciones de diputados federales, gobernadores estatales, congresos estatales y diputados municipales, respectivamente. Durante esos años, ACLED registró al menos 10 incidentes violentos contra candidatos que también ocupaban cargos de administradores locales y 20 incidentes violentos en el caso de las elecciones de 2021.
Aunque los motivos de los perpetradores siguen siendo en su mayoría desconocidos, se sospecha que gran parte de la violencia está relacionada con grupos del crimen organizado. Se ha establecido la narrativa de que estos grupos utilizan la violencia para influir en los resultados electorales y beneficiar a los candidatos afiliados a cambio de garantías de no interferencia en sus actividades por parte de fuerzas de seguridad y grupos criminales rivales. Esta interpretación se fortalece por el uso de técnicas y tácticas asociadas típicamente con el crimen organizado. Sin embargo, se critica que esta narrativa no identifica a los autores intelectuales detrás de la violencia.
Las rivalidades y disputas entre las élites políticas también desempeñan un papel importante en la violencia contra los funcionarios locales. Cada vez más, los candidatos dependen del crimen organizado para obtener financiamiento de campañas, votos y garantías de seguridad en áreas donde la competencia criminal ha llevado a altos niveles de violencia. Aunque los responsables rara vez son procesados e identificados, se cree que algunos políticos utilizan a terceros para amenazar o atacar a sus oponentes.
Algunos casos ejemplifican la participación de actores privados, políticos y criminales en los resultados de las elecciones locales. Por ejemplo, en junio de 2021, el jefe de campaña del candidato a alcalde René Tovar en el municipio de Cazones de Herrera, Veracruz, ordenó un ataque contra Tovar con el objetivo de reemplazarlo en el cargo. Además, un candidato del Movimiento Ciudadano en las elecciones municipales de Cocula, Guerrero, denunció haber recibido amenazas por parte de su contrincante del partido Morena.
No obstante, la violencia contra los funcionarios locales no se limita únicamente a los períodos electorales principales. Aunque se ha registrado una disminución relativa en comparación con 2018 y 2021, también se han reportado numerosos eventos violentos en 2019 y 2022, lo que refleja las persistentes rivalidades criminales y políticas durante los cambios de administración a nivel regional y local. Los grupos delictivos atacan a los administradores locales, en particular, como represalia por no cumplir los acuerdos previos a las elecciones y por evitar operaciones de seguridad en contra de sus actividades.
La colaboración de los funcionarios locales con grupos criminales rivales también ha sido motivo frecuente de ataques por parte del crimen organizado. Por ejemplo, en agosto de 2022, miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación atacaron a un trabajador en el municipio de Irapuato, estado de Guanajuato, debido a sus presuntos vínculos con el cartel rival de Santa Rosa de Lima. Otro caso ocurrió en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde Los Tequileros lanzaron un ataque antes de que el alcalde supuestamente se reuniera con el líder de La Familia Michoacana, un grupo criminal rival en la región.
Las rivalidades políticas y los conflictos interpersonales también contribuyen a la violencia más allá de los ciclos electorales. Por ejemplo, el 14 de febrero de 2023, los hijos de un exalcalde de Santiago Amoltepec, estado de Oaxaca, junto con sus guardaespaldas, se enfrentaron a las fuerzas policiales municipales mientras presuntamente intentaban asesinar al alcalde en funciones. Esto destaca que los funcionarios locales pueden estar involucrados, ya sea como instigadores o víctimas, en acciones violentas incluso después de dejar sus cargos. ACLED ha registrado más de 200 asesinatos de exfuncionarios electos en oficinas regionales y locales en todo el país desde 2018.
Violencia dirigida más allá de los puntos críticos del crimen organizado
El informe de ACLED revela la preocupante situación de violencia y presión que enfrentan los funcionarios locales en México. Entre los años 2018 y 2022, ACLED registró aproximadamente 1000 eventos de violencia dirigidos a estos servidores públicos, siendo los ataques directos la forma predominante, representando alrededor del 62% de los incidentes registrados.
Estos ataques suelen ser llevados a cabo por múltiples perpetradores y se caracterizan por el uso de técnicas específicas, como tiroteos desde vehículos en movimiento y asesinatos ejecutados al estilo de bandas criminales organizadas. Aunque el crimen organizado se atribuye con frecuencia a estas manifestaciones de violencia contra los funcionarios locales, también existen otras amenazas que las víctimas enfrentan, como la violencia perpetrada por manifestantes y turbas violentas, así como la intimidación física indirecta dirigida a sus propiedades.
Desde 2018, la violencia en el contexto de disturbios, incluyendo manifestaciones violentas y actos de violencia perpetrados por turbas, constituye la segunda mayor proporción de amenazas físicas que enfrentan los funcionarios locales. Aunque el nivel de actividad durante los disturbios se mantiene relativamente constante a lo largo de los años, experimenta un notable aumento previo a las elecciones. Esta tendencia se hizo especialmente evidente en junio de 2021, en medio de disturbios en los colegios electorales, denuncias de fraude electoral y robos de boletas. Fuera de los períodos electorales, los alborotadores han detenido y agredido temporalmente a los funcionarios locales por no atender sus demandas.
La gran mayoría de los disturbios registrados ocurren fuera de las capitales estatales y se dirigen principalmente a representantes y empleados de las autoridades municipales, quienes encarnan la institución política más cercana a la población. Sin embargo, las amenazas y la intimidación también pueden ser indicadores de violencia inminente. Acciones como atacar propiedades públicas o privadas, que representan el 6% de todos los eventos violentos registrados entre 2018 y 2022, rara vez resultan en lesiones o muerte de la persona objetivo, sino que más bien buscan intimidar.
Lamentablemente, los mecanismos de denuncia y protección han demostrado ser insuficientes. Los actuales y anteriores administradores locales que han denunciado amenazas han sido posteriormente asesinados, lo que destaca las limitaciones existentes en estos mecanismos. Un trágico ejemplo de esto ocurrió el 1 de mayo de 2023, cuando hombres armados mataron al exalcalde de Tonaya, Jalisco, en el estado de Baja California, donde se había mudado después de recibir amenazas presuntamente provenientes de un grupo delictivo organizado.
ACLED también ha registrado más de 30 casos de violencia que resultaron en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad que escoltaban a los funcionarios locales, lo que sugiere una vulnerabilidad persistente de las víctimas a pesar de las medidas de protección implementadas. Estos mecanismos de protección se encuentran centralizados dentro de las agencias federales, lo que ha generado dudas sobre su eficiencia y accesibilidad a nivel local, dado el escaso nivel de confianza y colaboración entre las autoridades federales y locales.
Es importante destacar que es probable que muchas amenazas enfrentadas por los actores políticos no sean denunciadas, a pesar de las iniciativas existentes para sistematizar estas denuncias de intimidación. Por lo tanto, la violencia y la presión psicológica ejercida sobre los funcionarios del gobierno local podrían ser aún más significativas de lo que se puede cuantificar.
Ante esta alarmante realidad, se requiere una acción enérgica y coordinada para garantizar la seguridad de los funcionarios locales y preservar la integridad de los procesos políticos en México. Es esencial fortalecer los mecanismos de protección, mejorar la cooperación entre las autoridades a nivel federal y local, y promover un entorno propicio para la participación política y el desarrollo del país. La protección de los funcionarios locales y la defensa de la democracia deben ser prioridades absolutas para garantizar un futuro seguro y próspero para todos los mexicanos.
