A siete meses de la llegada del gobierno morenista de Evelyn Salgado a Guerrero, las cifras alarmantes de violencia en el estado van al alza y Acapulco se posiciona como uno de los municipios más peligrosos del país.
Sin mejorías con gobierno de Salgado
Aunque ya suma siete meses como gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado no ha logrado combatir la violencia en la entidad ni en el puerto de Acapulco, uno de los municipios más afectados por la presencia de grupos del crimen organizado. La Fiscalía de Guerrero reportó al SESNSP que en Semana Santa se registraron 19 homicidios dolosos en la entidad, de los cuales, la mayoría ocurrió en Acapulco. El fin de semana del Día del Trabajo, uno de los más violentos del sexenio de López Obrador, la entidad gobernada por la hija del senador Félix Salgado Macedonio, se sumó a la ola de asesinatos, con la muerte de siete hombres en varias zonas diferentes de Acapulco ocurridas en menos de 24 horas.
“El aumento de la violencia en Guerrero, que coloca a Acapulco en el “top ten” de los municipios con mayor número de asesinatos en el país, ha marcado los primeros siete meses de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del gobierno morenista se han registrado 645 homicidios dolosos en Guerrero, lo que arroja un promedio de tres crímenes al día”, reporta Latinus.
Ayer en Acapulco se queda sin transporte
— La Abuela García®™ (@rthur_013) May 15, 2022
En noche cientos de trabajadores no pudieron llegar a casa debido a la advertencia de la delincuencia organizada de que si veían a un conductor de cualquier transporte andar trabajando o quemarían con todo y chófer
SECRETARIA DE TURISMO🏖️ pic.twitter.com/kfNrK5MVzO
Mala imagen espanta al turismo
Desde que llegó al poder, la gobernadora Evelyn Salgado ha emulado la estrategia de seguridad del presidente López Obrador y el gobierno federal, con proyectos de desarrollo social que atiendan las causas de la delincuencia y sin planes de contención para detener al crimen organizado. Así, la gobernadora participa todos los días en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde participan la Fiscalía de Justicia de Guerrero, representantes de la Fiscalía General de la República, miembros de su gabinete y altos mandos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
“Sin embargo, no se informa diariamente de los resultados ni de los acuerdos alcanzados en dichos encuentros”, señala el reporte de Latinus, medio que entrevistó a Enrique Castro Soto, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Acapulco. Para Castro, la violencia ha creado una mala imagen de Acapulco, lo que tiene como consecuencia que disminuya el turismo.
Además, ha repuntado la extorsión y muchos ciudadanos viven con el temor de denunciar los delitos de los que son víctimas debido a las represalias. En este sentido, Enrique Castro señala que es necesario fortalecer la seguridad mediante una mayor coordinación entre las autoridades locales y federal, además de hacer más eficientes los mecanismos de denuncia. Latinus también habló con Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo en el Estado de Guerrero (Fecanaco), quien apuntó señaló que la impunidad es uno de los temas centrales para combatir los altos niveles de violencia en la entidad.
“Los delitos de alto impacto, los asesinatos requieren de una investigación, de que la Fiscalía tenga resultados porque la impunidad básicamente abona a que continúen este tipo de eventos (…) Es de suma importancia que la Fiscalía haga su trabajo hasta las últimas consecuencias y no suelte ninguno de los casos de los últimos meses que han sucedido en Acapulco”, señaló Castro.
Ante el aumento de la violencia, el 20 de enero se anunció un cambio de estrategia en la que se harían ajustes a la 35 Zona Milita y a la coordinación estatal de la Guardia Nacional, al mando de Enrique Martínez López y Arturo Sánchez García, respectivamente. No obstante, aún se desconocen los detalles sobre las modificaciones derivadas de este “cambio de rumbo” en materia de seguridad para el estado.
Con información de Latinus
